Los orientales creemos en la libertad.
Desde ese cimiento inamovible, confiamos en la capacidad de cada individuo, o en caso de incapacidad, en la de sus seres queridos, para enfrentar la toma de decisiones que puedan abreviar una agonía inútil en circunstancias irreversibles.
Esas cosas ocurren todos los días y no somos quienes para juzgarlas. Tampoco para calificarlas como hipocresía.
En un país laico como el nuestro, cada uno debería tener total derecho para analizar desde su punto de vista ético, religioso o filosófico, la conveniencia o no de tomar decisiones de esa trascendencia en circunstancias tan extremas.
Pudiera no ser esa la dirección en la cual podría derivar el proyecto de ley del diputado Ope Pasquet sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, actualmente en trámite en el parlamento.
El diario El Observador en julio de 2020 citaba declaraciones del líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, informando que “no apoyará el proyecto de ley para despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, presentado por el sector Ciudadanos del Partido Colorado. El legislador cree que esta intervención, que acelera la muerte, ´se transforma en un tema económico´ y en un ´ahorro´ para algunas instituciones de salud. ´Quieren acortar esa etapa final que es sumamente onerosa para el prestador de salud´, dijo Manini Ríos en el programa Quién es quién, de Diamante FM y Televisión Nacional.”
Coincidiendo con el razonamiento del senador Manini Ríos y considerando el alto porcentaje de adultos mayores, el aumento del índice de longevidad y los altos índices de enfermos de cáncer existentes en Uruguay, hay muchos temas a analizar para evitar que un planteo simplista y ligeramente permisivo como el diseñado por el diputado Pasquet, en la práctica se salga de cauce y termine convirtiéndose en un medio para la puesta en práctica de algún tipo de exterminio camuflado.
Hacer política está bien. Pero cuidado si el hacer política pudiera confundir ideas y dar la imagen de un accionar capaz de hacer demagogia hasta con la muerte.
Comprendemos que si es el interesado directo o en caso de incapacidad sus seres queridos quienes solicitan administrar una medicación que termine con su calvario, pidan al médico su intervención que debería ser social y humanitariamente aceptada como de hecho hoy día parecería serlo.
Pero dejar en manos de “testigos” la decisión de poner término a la vida de una persona como lo plantea el proyecto de ley de Eutanasia y Suicidio Medicamente Asistido del diputado Pasquet, no parece ser el procedimiento más acertado para garantizar la seguridad del interesado y su libertad de decisión.
En ese caso, tal como ocurre con el aborto, la víctima podría quedar indefensa y supeditada a la decisión de terceros cuyas verdaderas intenciones podrían resultar muy diversas y de difícil control. Hasta podría convertirse en foco de corrupción para más de algún inescrupuloso oportunista.
Vale la pena observar que el Juramento de Hipócrates, consigna que se supone debiera guiar a todos los profesionales de la medicina, incluye frases dignas de ser destacadas como aquella que reza: “No administraré veneno alguno, aunque se me inste y requiera al efecto; tampoco daré abortivos a las mujeres.”
Parece haber llegado la hora de comenzar a analizar estos temas seriamente y sin demagogia, poniendo desde todos los sectores de opinión la moral, la ética y los reales objetivos como estandartes.
