A principios del mes de octubre, el Secretario General de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez manifestó en rueda de prensa que las instituciones privadas de la salud (emergencias móviles y mutualistas), “muestren sus números” con el afán de conocer el dinero que “invierte el gobierno”. Al mismo tiempo, considerando que “las instituciones privadas manejan plata que no es de ellos”, plantea la posibilidad de si el sistema de salud no tendría que ser estatal. Todo esto en el marco de que el convenio colectivo del sector de trabajadores no médico de la salud privada venció el 30 de Junio y lo que plantea la federación que representa, es acompasar el nivel de salario al crecimiento de la economía.
Hay algunos aspectos con los que comparto y otros que no.
Por encima del amor absoluto, incondicional, permanente y la necesidad de que a través del Estado se brinde cualquier tipo de servicio de forma monopólica, se olvida que el Estado si brinda el mismo servicio que las mutualistas y las emergencias móviles. Ahora bien, ¿Por qué razón entonces existen mutualistas y servicios móviles privadas? Obviamente porque los usuarios las eligen, ¿Por qué razón le quiere eliminar la posibilidad a elegir al usuario?, es un misterio, pero tal vez la respuesta esté al comienzo de este párrafo.
Cabe mencionar que el sistema de salud privado subvencionado por el Fonasa y quitando de la ecuación a los seguros médicos, deja bastante que desear.
La razón es muy simple, y es que los usuarios son distintos de quienes pagan el costo y además, en el caso del mutualismo, no es tan fácil cambiar de servicio. ¿Por qué razón el usuario es distinto del pagador? Porque para las mutualistas el cliente mayor es el Estado que es quien vuelca el aporte del Fonasa, por lógica, si los usuarios no pueden cambiar de servicio tan fácil y encima no son quienes pagan, terminan siendo rehenes del sistema y el cliente al que hay que satisfacer es el Estado. La apertura del corralito mutual es un incipiente avance pero sigue siendo restrictivo, y solamente se puede realizar el cambio de prestador de salud en el periodo de movilidad regulada, cuando existan cambios en el contexto o actividad de la persona, cuando existan razones fundadas o problemas asistenciales. Bajo esta modalidad, es utópico pensar que el sistema funcione bien cuando el poder no lo tiene el consumidor, que es algo que a lo largo de varias publicaciones venimos resaltando.
Es cierto, como dice Bermúdez, que las instituciones privadas manejan plata que no es de ellos, sino que es de los ciudadanos. El camino correcto nunca es monopolizar, sea estatal o privado, el camino es diversificar el servicio y que sea el usuario el que elija cuando contratarlo y cuando dejar de hacerlo, de esa manera como en cualquier mercado, el que hace las cosas bien continúa, y el que no, se queda en el camino.
