Con 50 votos en 91, la Cámara de Diputados aprobó la ley de Regulación de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual conocida como “ley de medios”.
Un muy polémico artículo agregado a propuesta de Cabildo Abierto, se “coló” en el texto aprobado, con la disconformidad de la mayoría de quienes votaron para aprobar la ley. Todos ellos tenían la esperanza de que fuera posteriormente vetado por el presidente de la República, con lo cual se impediría su inclusión, pero evitando más dilatorias en la aprobación de lo que para esa mayoría era una buena ley. No era nada prudente demorar inútilmente, perdiendo el tiempo con discusiones y dilatorias subsanables.
Según publica el Portal de los Medios Públicos del Uruguay, el artículo de referencia ahora ya vetado plantea lo siguiente:
“Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Agrega que “Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”.
Desde Libertad Responsable aplaudimos la celeridad y buen criterio político con el que la Cámara de Diputados resolvió la aprobación de una ley necesaria. Aplaudimos también el veto dispuesto de inmediato por el Poder Ejecutivo a la disparatada ocurrencia de Cabildo Abierto. El artículo 72 parecía intentar limitar la sagrada libertad de prensa y opinión, a contrapelo del sentido que hace al espíritu de la ley de referencia.
Quienes están a cargo de cuidar todos los alcances de lo establecido en el mencionado artículo y de premiar o sancionar a quienes hacen periodismo, son los propios consumidores de esas ofertas periodísticas.
Toda opinión emitida dentro de los parámetros de respeto y pluralismo que hacen a la esencia misma del Estado de derecho debe ser bienvenida y valorada por todos, sea cual sea la posición política de quien la emita.
Cualquier intento de dejar abierta una puerta para desde el Estado poder regular o reglamentar esa libertad de expresión, huele a censura, autoritarismo, y no es de recibo en democracia.
