Una lamentable tragedia originada en un crimen pasional y posterior intento de suicidio de su autor, dieron base a declaraciones de Mónica Bottero, directora de INMUJERES.
«No podemos dejar de reconocer que cuando sucede un femicidio fallamos como Estado y algo sucedió, que no dimos la respuesta adecuada». La pomposa frase emitida como reacción al drama constatado, según reseñara el diario El País el viernes 5 de agosto, llama a la reflexión.
Creado el 21 de marzo de 2005, el Instituto Nacional de las Mujeres funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, creado a su vez el mismo día y mediante la misma Ley de Urgencia N° 17.866, veinte días después de asumir Tabaré Vázquez la Presidencia de la República por primera vez.
A más de diecisiete años de su creación, sería bueno que su directora aclarara lo que para ella significa “fallar como Estado”.
“Acá pudo haber fallado cualquiera de las partes de la cadena, tanto la Justicia, como la Fiscalía, como el sistema policial, como nosotras mismas (Inmujeres) que no pudimos detectar a esa mujer para que pudiera ingresar al sistema de nuestros servicios. No sabemos, la cadena se rompió en algún lado porque no hubo capacidad de respuesta” declaró también la directora.
Y es acá donde nos preguntamos cuál es el verdadero sentido de la existencia de un instituto que, en diecisiete años desde su creación, todavía no resuelve el asunto para el que fue creado y encima su directora diluye responsabilidades a lo largo de una extensa “cadena” que muestra al Estado como incapaz de resolver la situación.
Y es justamente en eso del “Estado incapaz”, que la directora finalmente parece haber dado en la tecla y podría tener razón.
Como bien expresa José Ramón Valente en La Rebelión del Sentido Común, el paternalismo estatal inevitablemente termina sustituyendo la valiosa diversidad de los seres humanos por una mediocridad uniforme.
¿Qué hubiera ocurrido en el caso que hoy ocupa los titulares si el Estado no hubiera intervenido? Es difícil saberlo, pero tal vez y contrariamente a lo que piensa la directora, las niñas hoy víctimas irreversibles de la tragedia, no estarían viviendo la trama dantesca que les toca vivir.
Señala Valente en su ensayo que ”un paradigma de los intelectuales de centroizquierda es considerar que la ignorancia de los ciudadanos es razón suficiente para restringirles sus libertades para tomar decisiones…e imponerles las que de acuerdo con ellos serían correctas”.
También señala con razón que el paternalismo no es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica ya que en Europa se han acuñado términos como the nanny state o Estado-niñera, en referencia a los gobiernos que: “toman decisiones por las personas que podrían haber tomado ellas mismas, especialmente aquellas relacionadas a su comportamiento privado y personal, mostrando un excesivo interés o control sobre el bienestar de sus ciudadanos”.
Lo que debería estar en el foco de la controversia, es si se justifica o no la existencia de un instituto cuyos costos pagamos entre todos y cuyos pretendidos objetivos sólo pueden lograrse con más y mejor educación.
Y se pregunta Valente: “¿No están las leyes definidas de manera de dejar tranquilos a quienes las cumplan y perseguir a quienes no lo hagan?”
Mientras la directora sigue preocupada en temas de tobilleras y otras tecnologías cobrando su sueldo mes a mes en nombre del feminismo y señalando las “fallas del Estado”, esas pobres niñas seguirán con el drama por toda su vida y su madre en pocas semanas pasará a ser un número más, componente de la luctuosa estadística que en la práctica solo sirve para justificar la existencia de esa institución.
¿Valdrá la pena?
