Según informara el diario El País, la justicia condenó al propietario de unos perros de raza pitbull en Rocha, a 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, debido a reiterados ataques que sus perros habrían perpetrado contra diversos e indefensos transeúntes.
Señala la misma información, que los perros siguen a cargo de su propietario, hecho que llama poderosamente la atención.
Basta con razonar el riesgo que la presencia de animales de tales características entraña para cualquier barrio, para imaginar la preocupación y alarma permanente que dicha situación debería generar en los vecinos.
El dueño de los perros deberá presentarse semanalmente en la seccional policial y realizar algunas tareas comunitarias por un plazo de seis meses.
La Dirección de Bienestar Animal de la Intendencia de Rocha le notificará que debe retirar al perro de la zona. Su director, Miguel Píriz, declaró que el dueño ya había sido notificado anteriormente de que no podía tener un perro de riesgo suelto sin vigilancia ni bozal pero esas notificaciones habrían sido desoídas.
Dos ataques en un mismo día en el que los perros mordieron a un hombre hiriéndolo de gravedad y luego a una niña y una adolescente que caminaban tranquilamente por la calle, habrían motivado la intervención de la justicia.
Lo que según el director Píriz va a evitar en el futuro estos problemas, es que antes la Dirección de Bienestar Animal departamental no estaba autorizada a multar a los dueños de animales. Por esa razón, habrían solicitado autorización a la Intendencia para avanzar en esta materia y prevenir estos incidentes.
Gracias a los perros de referencia y sus ataques, la autorización habría sido obtenida a partir de julio.
Siempre de acuerdo con la mencionada publicación, el director habría confirmado que una multa por tener a un perro suelto tiene un costo mínimo de 3 UR (unos $ 4.890 al día de hoy) que “ha llegado a alcanzar las 100 UR (unos $160.000) dependiendo de las circunstancias y los daños que deriven de esta infracción.”
Según Píriz, esto marca un antes y un después. “Tener ya la posibilidad de multar y que Fiscalía intervenga y cuando lo hace y llega hasta cumplir con estos procesos me parece importantísimo”.
Daría la impresión de que la capacidad de multar, de alguna manera justifica su cargo. Antes sus potestades se limitaban a “notificar” al dueño del perro de que ese animal significaba un riesgo para los vecinos y el perro seguía allí como si nada. Ahora el perro igual sigue allí, pero la intendencia obtiene un ingreso por la multa aplicada.
Y en efecto. Según su propio razonamiento, la multa «saca al perro de la calle, que es fundamental». Curiosamente, en este caso el (o los) animales, siguen bajo la tenencia del condenado porque «el perro no es responsable» y «Fiscalía lo que hizo fue sancionar al dueño del perro».
Satisfecha con la multa, la Intendencia le va a notificar que debe retirarlo de la zona y la dirección departamental elevará el expediente al INBA (Instituto de Bienestar Animal) perteneciente al MGAP.
Esta compleja maraña burocrática que haría las delicias de Kafka, ocurre en el Uruguay de hoy, sin causar mayor sorpresa.
El funcionario multa, el dueño hace tareas comunitarias y el INBA, expediente mediante, verá algún día como seguir protegiendo a esos animalitos porque tal como nos informa el director, “el perro no es responsable”.
Mientras eso se procesa, los vecinos deberán pensar en mudarse, o en caminar por otra calle para no arriesgar sus vidas.
A este punto de irracionalidad hemos llegado.
