Muy prestigiosos economistas opinaron esta semana en contra del perdonazo aprobado en el Parlamento, a favor de unos 25.000 deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
La decisión tomada beneficia a un determinado grupo de ciudadanos, tal vez en detrimento de otros que estando mucho más necesitados que aquellos, no lograron el lobby necesario para obtener ese tipo de concesiones.
Llegado este punto, también cabe desmenuzar lo que podría ser el verdadero trasfondo del problema.
Desde Libertad Responsable, creemos relevante analizar hasta qué punto tiene sentido la existencia de un organismo financiador estatal como el BHU, en un país de economía abierta como la que se pretende aplicar en el Uruguay.
Se podría alegar que esa entidad se “autofinancia” y hasta obtiene importantes ganancias anuales; pero a nadie escapa el hecho de que los tomadores de los créditos que otorga el banco son quienes hacen eso posible.
Por otra parte, cabe también preguntarse cuánto y cómo esa presencia estatal en un mercado inmobiliario tan reducido como el nuestro, lo afecta y lo distorsiona. Ese es un análisis que parece estar todavía pendiente.
Por último, cabe también preguntarse si, aprovechando la situación generada por el perdonazo aprobado que indudablemente afectará sus finanzas y capacidad de gestión, no habrá llegado la hora de ir considerando su cierre paulatino y definitivo o su traspaso total o parcial al sector privado.
Tal vez esta aparentemente ingrata decisión parlamentaria, pueda tornarse en una inesperada oportunidad.
