Con el título de Concentración y marcha en defensa de la industria nacional y el trabajo uruguayo, la página web del Pit-Cnt anunciaba esta semana una serie de medidas a adoptar tales como paro, concentración frente al Palacio Legislativo, y marcha hasta la Torre Ejecutiva.
La convocatoria que provenía de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA), la Unión de Trabajadores del Aceite (UTA) y la Asociación de Funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (AFUL), tenía como objetivo final la entrega de un documento en Presidencia de la República, cuestionando una importante rebaja de aranceles recientemente dispuesta por el gobierno para algunos productos tales como harina de trigo y aceite de girasol, cuyos precios se han disparado a partir de la invasión Rusa a Ucrania.
En el caso del LATU, el reclamo se focalizaba en la reducción de las tasas que cobra esa entidad para la inspección de alimentos y bebidas importadas, medida adoptada en paralelo a la reducción de aranceles para abaratar costos.
Según se expresa en la referida publicación, “el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sostuvo en conferencia de prensa que el movimiento sindical no está en contra de la intención del gobierno de abatir la carestía, pero cuestiona la herramienta elegida.” Y agrega: “Según Abdala, el gobierno debería dejar sin efecto las medidas y en lugar de promover la importación, el Poder Ejecutivo debería fomentar la industria nacional.”
Es natural que los sindicatos actúen en defensa de sus afiliados y busquen soluciones a los problemas que por diversos motivos puedan surgir.
Lo que no es natural, es utilizar ese medio para generar sensación de frustración, haciendo política. Tampoco parece muy sano el llamar a sus afiliados a parar, concentrarse y marchar al grito de sus líderes, llevándolos a actuar por reflejo condicionado, sin siquiera razonar y discutir con detenimiento su accionar.
Y es que el propio presidente del Pit-Cnt reconoce que las medidas adoptadas por el gobierno van en detrimento de la inflación que es lo que significa el “abatir la carestía” en palabras del Sr. Abdala.
Si todos los políticos y dirigentes aprovecharan cada minuto de su tiempo desde el gobierno o la oposición para tender puentes de entendimiento, negociando día tras día en la búsqueda de soluciones y evitando el camino tortuoso de abonar las grietas sociales eliminando las causas que las fomentan – como sugiriéramos en nuestro artículo anterior – marcarían un cambio de era y se convertirían en el ejemplo a seguir que la ciudadanía reclama.
Avocarse a la ambiciosa tarea de alcanzar el poder solamente pensando en el reparto del botín, destruye y desmoraliza y eso es lo que parecería ocurrir con la política obstructiva y destructiva que lleva adelante el Pit-Cnt.
Esa asociación de entidades sin personería jurídica que preside el Sr. Abdala hace perder un día a sus dirigidos y marchar en pleno invierno, al tiempo que reconoce que las medidas dispuestas por el gobierno son buenas, porque están enfocadas a “abaratar la carestía” cosa que afecta a todos los orientales y no solamente a los que trabajan en las industrias involucradas.
Pero si para el Sr. Abdala la reducción de tasas y aranceles significa un problema para los trabajadores; ¿cuál sería su solución?
Tal vez el Sr. Abdala esté soñando con el retorno a la era neobatllista de la década del cincuenta del siglo pasado y cerrar el país a las importaciones o subir los aranceles de manera de evitar que los productos importados puedan competir.
Eso volvería a todos los uruguayos rehenes de esas industrias y de sus sindicatos vinculados, que pasarían a estar mejor en ese mercado cautivo. ¿Es esa su propuesta en defensa de la industria nacional y del trabajo uruguayo?
De ser así, es bueno que el Sr. Abdala sepa que la única manera de generar empleos genuinos es con inversión y crecimiento.
La fórmula de cerrar fronteras a productos importados para beneficio de los amigos del poder y perjuicio de todos los consumidores que obviamente pierden su libertad de elegir siempre terminó con productos de mala calidad, crisis económica insostenible y en el caso uruguayo en plena Guerra Fría, con guerrilla y dictadura.
Pero si todo esto es sabido y se reconoce, ¿por qué insistir con la receta?
