El asunto ha sido siempre muy sensible por su repercusión directa en la economía familiar. Justamente por esa misma razón los dirigentes han preferido camuflarlo bajo el paraguas de la demagogia crónica.
Los conocedores del sistema saben que subsidiar es un camino de ida que puede conducir a un callejón sin salida. El primero que lo hace transmite buenas noticias. Le abarata, en apariencia, el costo final de un servicio a los integrantes de una comunidad.
En ese contexto el líder recibe aplausos y entonces se entusiasma con esa herramienta artificial a tal punto que finalmente se enamora de ese instrumento abusando de su utilización en cualquier momento, especialmente cuando la fecha electoral se aproxima.
Bajo esa lógica se repite la dinámica hasta el cansancio perfeccionando el discurso y apelando a segmentaciones para favorecer a los más con la intención de atenuar los eventuales incrementos que se presentan.
Pero ese “regalo” de los poderosos no es tal. No existe nada gratis. Todo tiene costo y alguien lo paga invariablemente. Esa idea absolutamente infantil que supone que algo puede desaparecer por arte de magia solo puede ser validada por la candidez de una sociedad adolescente.
Lo que han hecho estos nefastos personajes de la política contemporánea con este fraudulento esquema es montar una verdadera parodia, un cruel timo, un complejo, pero efectivo cazabobos, una perversa trampa cívica.
Lamentablemente, habrá que decir con cierta vergüenza, que han tenido éxito con su maniobra. Lograron convencer a muchos que un precio es un capricho, que se puede manipular lo que sea y que todo puede establecerse a discreción sin criterio alguno.
No importa si se habla de la tarifa de un servicio como el transporte, la energía, el agua, el gas o lo que sea. La mecánica es inexorablemente la misma y se aplica en cualquier circunstancia económica, sobre todo en crisis coyunturales.
No tiene relevancia si el operador es privado o estatal. Los que gobiernan creen poder hacer lo que fuera para fijar un valor arbitrario, y lo más grave es que muchos ciudadanos también comparten esa ridícula visión.
Hay que plantearlo con todas las letras. Las tarifas no aumentan cuando la gente percibe esos cambios. Lo que sucede es que se quitan o disminuyen subsidios, y aunque el efecto tenga similitudes no resulta lo mismo una cosa que la otra.
En estos días de sinceramiento existe cierta molestia, enojo y hasta impotencia frente a las novedosas facturas de ciertos servicios tradicionalmente públicos. Automáticamente las miradas se posan sobre los proveedores de esas prestaciones o sobre los gobiernos jurisdiccionales que lo implementan.
La búsqueda de culpables se convierte en el gran protagonista de esa suerte de caza de brujas. Unos y otros se desentienden. Las empresas dicen trasladar el valor perdido a los usuarios y los gobiernos se pasan la pelota intentando desligarse del impacto político.
Los únicos responsables de este presente son los falsificadores de precios del pasado. Muchos de ellos ya no gobiernan y los que vinieron después optaron por mirar al costado para mantener todo igual sin asumir los costos políticos de corto plazo.
Es trascendente entender el trasfondo de este delirio. Los valores de las tarifas no varían como ahora se visualiza. Durante años y hasta décadas el precio fue ocultado deliberadamente. Las personas pagaban un valor subsidiado y eso hacía parecer que era razonable y hasta pagable.
Se acostumbraron a un rango y hoy cuando un subsidio se retira total o parcialmente el salto es abrumadoramente abismal. Lo que sucede es que siempre pagaron tarifa plena. La diferencia es que una parte estaba explicitada y la otra seguía escondida detrás de la inflación y los impuestos. O se paga de un modo, o del otro, pero siempre se paga, aunque no se note.
Hoy se está asistiendo a una normalización que emerge como dura y difícil. Admitir la verdad a veces puede ser demoledor. Habituarse a la mentira puede ser transitoriamente muy cómodo, pero es vital comprender que es igualmente caro y además distorsiona todo a su alrededor.
Una energía “barata”, por solo citar un ejemplo, hace dilapidar recursos. Nadie cuida el uso de ese bien ya que se puede convivir con esos números. Cuando ese servicio resulta más oneroso, las conductas automáticamente cambian. Todos se vuelven, de pronto, más austeros y prudentes, como debe ser.
Vivir en una fantasía nunca es una buena idea. La realidad, por cruda que sea, permite tomar decisiones conscientes e inteligentes. No tiene sentido seguir engañándose como sociedad. La verdad libera y además invita a tomar determinaciones con mayor significado y coherencia.
Es hora de poner las cosas en su lugar, de llamar a las cosas por su nombre, de recuperar el valor de las palabras. No hay aumento de tarifas, hay reducción de subsidios.
El sinceramiento no debería ser rechazado salvo por aquellos que disfrutan de la mentira, o por los siniestros políticos que estafaron a la sociedad durante tanto tiempo a sabiendas de las implicancias que sus programas traían consigo.
Por incómodo que resulte, es preferible barajar y dar de nuevo que continuar siendo defraudados por los pícaros de siempre, esos que mientras se presentaban como altruistas se apropiaban de lo ajeno sin descaro.
