Otro decreto autoritario

Hace exactamente un año, bajo el título de Un decreto autoritario, publicábamos una columna de opinión en este semanario, señalando lo que a nuestro juicio era un gran error y pérdida del rumbo del actual gobierno, emanado del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).

En aquella oportunidad señalábamos entre otras cosas lo siguiente:

“Más Estado, más burocracia, más multas que aplicar y una tendencia preocupante al autoritarismo.”

Esta es la sensación que arroja a simple vista el decreto 57/023 del 17 de febrero de este año, que amplía los alcances del Programa Nacional de Control Reproductivo, a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

En la propuesta original, bajo la consigna de disminuir las poblaciones de perros y gatos, se procedió a la creación de centros de castración y albergues para estas especies. Con relación a la castración de ejemplares, el procedimiento era recomendado pero optativo y así venía funcionando para los dueños de mascotas que resolvieran esterilizarlas. Era una buena idea.

La novedad del nuevo decreto es que vuelve la castración obligatoria para todos los perros y gatos, machos y hembras domésticos del país, basándose en supuestos riesgos de probabilidad de abandono en la vía pública de esos animales, por parte de sus dueños.

Y ante esta novedad y otras incluidas en el nuevo decreto reglamentario, emergen varias preguntas.

La primera que surge de inmediato es: ¿Dónde quedó el concepto de libertad responsable acuñado por el presidente para dejar a los ciudadanos actuar libremente – con ciertas orientaciones brindadas desde el Estado – en lugar de decretar una rigurosa cuarentena durante la pandemia?

¿Cuándo cambió de criterio – o perdió la confianza en esos mismos ciudadanos – para ahora promover una intromisión de este nivel en la intimidad de sus hogares y en la toma de sus propias decisiones en relación con animales de su propiedad?”

Desconocemos la evolución que la medida adoptada haya tenido en la práctica. De hecho, dudamos de que alguna vez se aplique con eficacia y sin resistencia. Pero el nuevo organismo creado sigue (y seguirá) allí, demostrando un concepto de estatismo ampliado, muy distante del que escuchamos anunciar al presidente Lacalle Pou cuando hacía campaña para alcanzar la presidencia.

Un año después, el mismo ministerio nos vuelve a sorprender con otra medida del mismo cuño.

Esta vez, según informara el diario El Observador, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el gobierno declaró la guerra, ahora no a los animales domésticos sino a los montes con árboles frutales a su criterio “abandonados”.

Para el logro de su objetivo, el MGAP, a través de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) “intimará a quienes estén a cargo del terreno a erradicarlos o acondicionarlos…”

La dirección habría convocado en 2020 y 2023 a productores que tuvieran montes en malas condiciones a inscribirse, con el fin de obtener recursos económicos para limpiarlos y ordenarlos.

Según el mencionado medio de prensa, en una primera etapa a partir de 2020, habrían sido subsidiados 210 productores con $ 22 millones, invertidos en 523 hectáreas. En 2022, se atendieron 48 productores de membrillo con $ 2 millones. En 2023, se subsidió a 187 productores con 350 hectáreas, a un costo de$ 35 millones.

Para Nicolás Chiesa, a cargo de la Dirección, se consideran “montes frutales abandonados”, aquellos que no tengan control de plagas en el último año. Esto incluiría todo tipo de montes sin importar su propósito o extensión, incluidos los considerados orgánicos. En ese sentido, habría ejemplificado señalando que “a veces pasa que una persona adquiere un predio para uso de la casa y otras instalaciones, como vivienda definitiva o segunda vivienda, pero no es productor y no sigue utilizando los frutales, que quedan abandonados, constituyendo eso un riesgo para productores vecinos.”

Al parecer, según el nuevo decreto, “los montes frutales abandonados, en forma total o parcial, que por el estado en que se encuentren constituyan un riesgo fitosanitario y representen un foco para la propagación de plagas y enfermedades, ocasionando perjuicios para los montes vecinos en producción, deberán ser erradicados.

Será responsabilidad de todo propietario, arrendatario, usufructuario u ocupante del terreno, cualquiera sea su título, cumplir con la erradicación.

La determinación de monte frutal abandonado o en riesgo fitosanitario estará a cargo de la Dirección General de la Granja.

La cereza de la torta estaría dada al agregar que “toda persona física o jurídica podrá realizar denuncias de montes frutales abandonados ante esa dirección estatal.”

Otra disposición de dudosa constitucionalidad, que ahora invita a los vecinos o interesados en general a “denunciar” a los infractores. Un estilo que recuerda el accionar de la Rusia soviética, promoviendo denuncias entre integrantes de la sociedad civil, para que el Estado imponga sus pretensiones. Una vez más, es fácil imaginar las situaciones de violencia e incidentes, que la puesta en práctica de esa nueva arbitrariedad legalizada podría acarrear.

Ya hemos señalado anteriormente que nadie duda de las consecuencias políticas que derivan de cada acción o reacción emanada del Ejecutivo.

En los hechos, si desde el Estado se crea una norma por la cual el mismo Estado se atribuye el derecho de señalarte o exonerarte como infractor, el Estado te va a obligar analizando cada caso y seleccionando de hecho a los infractores. En relación con árboles frutales, al parecer ni siquiera importa si quien ocupa y es responsable del terreno es o no dueño de este. Tampoco importa si se trata de familias en situación económica complicada o de personas mayores sin medios ni capacidad para limpiar y mantener el monte, o si ese monte sirve de imprescindible sustento a esa familia.

El Estado te demanda, el Estado te obliga y el Estado te sanciona, el Estado te persigue, el Estado decide quién queda y quien no.

Y de eso nadie te libra a menos que tuvieras algún amigo en el gobierno de turno, que te haya avisado, si no te llegó a tiempo la información o no se te ocurrió registrarte, que habría jugosos subsidios para atender tus montes y que más tarde un nuevo decreto te habilitaría para denunciar al vecino porque el pobre ni se enteró y tal vez obligarlo a irse desesperado y quién sabe, comprarle el campo para limpiar el sucio monte frutal, tal vez, a partir de nuevos subsidios.

Una vez más, la libertad de elegir quedaría reservada sólo a algunos.

Y aquel revolucionario paradigma establecido en plena pandemia, cuyo nombre adoptó este semanario, lejos quedó de mantenerse en los hechos con el mismo vigor con el que fue creado.

Y una vez más eso, social y políticamente, es una muy mala idea y una pésima señal.

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