Politizando derechos

Un interesante informe producido por BBC News y publicado esta semana en El Observador, da cuenta de que es Islandia el país más avanzado del mundo en lo que a igualdad de géneros refiere.

En el Uruguay, si bien el tema ha estado desde hace décadas en el tapete, han sido los políticos y en especial los parlamentarios, los encargados de proponer y establecer prioridades en la materia.

Es en ese contexto que, pasado todo este tiempo, un proyecto de ley de “paridad política” está a punto de ser aprobado en la comisión de Equidad y Género del Senado. El referido proyecto, lleva tres años de presentado.

Volviendo a la exitosa situación de Islandia reseñada por BBC News, descubrimos que las islandesas tienen la mayor paridad de género del mundo desde hace ya quince años.

El éxito contundente de aquel país en este tema es atribuido a la existencia de un movimiento feminista de larga data y presencia femenina en el mercado laboral. Si lo analizamos en profundidad, tal vez en estos puntos no exista demasiada diferencia con la realidad uruguaya. Pero lo que más destaca el informe y ahí sí podemos encontrar grandes diferencias, es la existencia en Islandia de una sólida voluntad política para impulsar leyes en favor de la igualdad.

Al parecer, la durísima crisis económica de 2008 se convirtió en la gran oportunidad para las mujeres y en punto de inflexión, en un país que hasta ese momento había sido manejado en gran medida por los hombres.

La profesora asociada de la Facultad de Derecho del University College de Londres (UCL), Aleisha Ebrahimi, explicó a BBC Mundo que, “Islandia ha comprendido que la desigualdad de género era algo endémico arraigado en la sociedad” y destacó la importancia de adoptar un “enfoque sistemático” del problema.

Islandia tiene un porcentaje de participación femenina en el parlamento del 47,6 % y no fue necesaria ninguna ley estableciendo porcentajes para lograrlo. Fueron los mismos partidos políticos los que tras la crisis de 2008, decidieron equiparar oportunidades en función de capacidad individual, independientemente del sexo de los postulantes. Algo exigido y esperado por los electores, que habrían sancionado con su voto a quienes no se adaptaran al cambio y al gobierno de los más capaces.

Lo que sí fue implantado por ley en 2018, fue la obligación de que tanto las empresas públicas como las privadas, deberían ofrecer los mismos salarios a hombres y mujeres en empleos de la misma categoría y demostrarlo.

Es notorio que la desigualdad natural entre hombres y mujeres aumenta cuando las parejas deciden tener hijos. En ese aspecto, Islandia cambió su sistema de permisos para que padres y madres tuvieran licencias independientes e intransferibles para poder compartir el cuidado de los hijos. La medida parece haber tenido gran impacto en cuanto a la participación de los padres en esas tareas, que tradicionalmente eran exclusivamente femeninas.

Los avances logrados en Islandia en estos temas contrastan con la simplicidad numérica y porcentual con la que nuestros legisladores pretenden encontrar soluciones. El porcentaje femenino podría ser muy superior ¿Por qué limitarlo?

Nuestros representantes parecen encaminarse a repartir los cargos con 50% para cada género. La condición de ser hombre o mujer sería determinante para poder cubrir la cuota y esto obviamente va en detrimento de la excelencia.

El parlamento islandés tiene el mayor número de diputadas de Europa.

No requirió establecerlo por ley. Esos altos porcentajes de participación femenina se alcanzan en función de la capacidad de las mujeres que ocupan esos cargos y legislando con habilidad para facilitar la participación equitativa de las más capaces.

La ruta seguida por Islandia, puede que no haya sido la más simple para el logro de la igualdad de derechos que el proyecto de ley presentado en Uruguay pretende alcanzar. Pero es sin duda muy efectiva y positiva para el país que la siguió.

Dos visiones muy diferentes de cual debería ser el real objetivo de una buena gestión parlamentaria.

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