Buenos Aires, 10 nov (EFE).- El desafío de financiar y formalizar el trabajo de aquellas personas que cuidan a otras, algo desarrollado tradicionalmente por mujeres de forma no remunerada o sumergido en la informalidad, se torna indispensable en un complejo contexto económico marcado por los efectos de la pandemia y la guerra.
Este fue uno de los ejes de la tercera jornada de la decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebra en Buenos Aires y en la que se debatió acerca de los alcances de un informe elaborado por ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la financiación de los sistemas y políticas de cuidados.
«El estudio que estamos poniendo sobre la mesa junto a la Cepal muestra que invertir en la economía del cuidado genera un círculo virtuoso», expresó la directora Regional Adjunta para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Cecilia Alemany.
Según añadió, esa inversión genera empleos e ingresos para quienes se ocupan en el sector, -«que esperemos que en la medida que se avanza en sistemas de cuidados se formalicen, ya que ese tipo de trabajos suelen ser informales», remarcó-, y propicia un incremento en la recaudación impositiva y las contribuciones a la seguridad social.
«Invertir en sistemas integrales de cuidados es una inversión inteligente y sostenible», aseveró.
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
El director para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo, Fabio Bertranou, señaló que estamos ante una «crisis del cuidado» que ya era previa a la pandemia, cuando se registraban 16.000 millones de horas diarias de trabajo en cuidado no remunerado, equivalente a 2.000 millones de personas trabajando 78 horas diarias sin recibir una remuneración.
Es por eso que «el gran desafío» es convertir en trabajo remunerado el no remunerado «en condiciones de trabajo decente».
«Recordarnos que en promedio, más del triple del tiempo de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres si comparamos la dimensión que recae sobre los hombres, y la pandemia tuvo un impacto particularmente fuerte sobre las mujeres, especialmente aquellas mujeres que se desempeñaban en el sector informal», lamentó.
Bertranou afirmó que se trata de un sector de la economía que requiere políticas productivas y movilización de recursos, incluso con el financiamiento privado.
Por su parte, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, indicó que la irrupción de la covid-19 «evidenció la necesidad de avanzar en materia de cuidados».
«Y las previsibles contracciones económicas en el futuro próximo que afectan especialmente a las mujeres nos llevan a pensar que la urgencia de desarrollar sistemas de cuidados no hará más que agudizarse en los próximos años», advirtió.
Riaño enfatizó que se da un proceso de cambio: «Uruguay inició el camino con su sistema nacional de cuidados y, como se ha mencionado en esta conferencia, ya son varios los países que están tramitando la normativa para la creación de sistemas nacionales de cuidados».
Es el caso, enumeró, de Argentina, Chile Ecuador, Panamá, Paraguay o México, que están «mayoritariamente basados en los recursos de los presupuestos generales».
SOCIEDAD «MÁS IGUALITARIA»
Precisamente la ministra panameña de Desarrollo Social, María Inés Castillo, apeló a la importancia de incorporar la «centralidad» de cuidados en las agendas públicas como paso obligado para aspirar a una «sociedad más igualitaria e inclusiva».
«Nos enfrentamos al reto del financiamiento de estas políticas en un contexto donde mayor inflación, bajo crecimiento económico proyectado y significativo incremento de la deuda generan importantes presiones sobre las finanzas publicas y restricciones en política fiscal», alertó.
La ministra de la Mujer de la República Dominicana, Mayra Jiménez, opinó que hay que asumir la «corresponsabilidad social» de los cuidados y las obligaciones del Estado para garantizar ese derecho: «el rol del estado como regulador y fiscalizador es esencial para asegurar un financiamiento equitativo de las políticas vinculadas directa e indirectamente a los cuidados».
LA FINANCIACIÓN
Sobre los principios que orienten una financiación sostenible de las políticas de cuidado, la oficial superior de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Lucía Scuro Somma, señaló que deben atender la universalidad -garantizar el acceso a todas las personas a servicios de calidad- y la progresividad, priorizando grupos y poblaciones de mayor vulnerabilidad.
Pero también atender a la solidaridad «intergeneracional» y financiera y la «corresponsabilidad de género e institucional.
Scuro Somma remarcó las «altas tasas de informalidad» laboral que se dan en la región y para fortalecer el espacio fiscal para la sociedad del cuidado apuntó a aspectos como la protección del gasto social y la inversión pública; el fortalecimiento de la recaudación tributaria o la reducción de la evasión fiscal, que consideró «algo absolutamente crucial». EFE
