El problema de los asentamientos irregulares en Montevideo se ha convertido en un tema endémico para cuya solución no parece haberse encontrado hasta el momento una fórmula eficaz.
Analizando esta realidad que a todos nos inquieta, pero muy especialmente afecta a quienes viven en esas condiciones, vemos los permanentes esfuerzos que se realizan desde diversos organismos para ejecutar obras de infraestructura e instalación de servicios, que hagan mejorar la calidad de vida de quienes allí habitan.
En paralelo a ese esfuerzo, existe un criterio mayoritariamente establecido – en especial desde la Intendencia de Montevideo – que por razones que parecen ser más ideológicas que técnicas, ha eludido la posibilidad de poner como eje de la erradicación de esta problemática al otorgamiento de un título de propiedad del espacio que ocupan a quienes allí viven, argumentando diversos impedimentos para hacerlo.
En el blog de la Facultad de Derecho (UDELAR) de octubre de 2008, encontramos una exposición realizada por el profesor Arturo J. Yglesias, en el marco del Seminario sobre Derecho Humano a la Vivienda realizado en la Facultad de Arquitectura (UDELAR), los días 23 y 24 de setiembre de ese mismo año.
En ella se señalaba lo siguiente:
“El PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares) es un programa de gobierno con el financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y un formato similar a otros programas financiados por dicho banco.
El Programa según lo convenido con la institución financiadora debía culminar con la adjudicación de ‘títulos de propiedad’ a los adjudicatarios de los lotes regularizados. La idea era en principio adjudicar propiedad privada con todas sus características, había a nivel de gobierno la idea de hacerlo con algunas limitaciones similares a las que se aplican en los programas del MVOTMA tales como el SIAV, SARA y MEVIR, con prohibición de enajenar durante un cierto tiempo coincidente con el retorno del subsidio.
Sin embargo la labor de los asistentes sociales y demás profesionales que trabajaron sobre las situaciones reales mostraban un número grande de inconvenientes para esa adjudicación de propiedad proyectada. Ello llevó, por un lado a la Intendencia de Montevideo a pronunciarse, en principio por adjudicar la tenencia de los lotes y no su propiedad y a quienes dirigían el PIAI, a buscar una forma de cumplir la obligación asumida con el BID de adjudicar ‘títulos de propiedad’ de una forma que fuere viable a las situaciones fácticas que debían resolver.”
La “solución” encontrada parece haber sido la de crear asociaciones civiles a las cuales otorgar los títulos de propiedad. Es lógico suponer que dichas asociaciones civiles quedaron a cargo de dirigentes afines al Frente Amplio, que a la sazón gobernaba Montevideo y el país.
Del mismo modo, llama a reflexión la fórmula que habría sido empleada para “conformar” al BID que exigía privatizaciones, mientras en la práctica se iban instalando “propiedades comunitarias”.
Catorce años después y a la luz del fracaso generalizado, cabe preguntarnos qué habría pasado si en vez de considerar a los habitantes de los asentamientos como incapaces de poder administrar su propiedad, se le hubiese entregado a cada uno de ellos su propio título.
Podemos imaginar que esas familias que hasta el día de hoy no son dueñas de nada más que de un derecho a ocupar unido a la obligación de rendir pleitesía a los dirigentes comunales, habrían cuidado con otro esmero sus viviendas y su barrio, al saberse dueños de lo suyo.
El problema de los asentamientos en la capital parece estar más que en la incapacidad de sus habitantes para disponer de sus propios bienes, en el foco ideológico de una IMM, que desde hace más de treinta años los viene convenciendo de que los apoya.
En la práctica, hace más de tres décadas que los mantiene siempre igual, al tiempo que los domina sometiéndolos cuidadosamente a sus dádivas y auxilios desde centros comunales esmeradamente “descentralizados”.
Una maquinaria política de acción permanente pagada por todos los montevideanos, que parece haber llegado a la encrucijada de tener que explicar a muchos habitantes de los asentamientos la razón por la cual, por decisión de la IMM y contrariando la voluntad del BID, hoy siguen siendo pobres y carecen de un título de propiedad.
