Asentamientos: ¿Y si los privatizamos?

Hace mucho tiempo que vemos con preocupación la endémica situación de los asentamientos en el Uruguay.

Siendo un país tan pequeño, con apenas algo más de tres millones de habitantes, un tema que comenzó a instalarse cuando los primeros alambrados impidieron la libre circulación a campo traviesa en el interior de la República, se agravó cuando Luis Batlle Berres decidió estrangular al campo.

En aquellos tiempos, muchos industriales prebendarios amigos del poder habrían resultado privilegiados. Financiados por el Banco República, desarrollaron industrias que suponían generar miles y miles de empleos. Muchas de ellas se habrían desarrollado en base a maquinarias ya obsoletas, adquiridas a precio de fierro viejo en la Europa de la post guerra. Incapaces de competir en un mercado abierto normal, fueron extinguiéndose lentamente y terminaron su agonía al incorporarse el Uruguay al Mercosur.

De ser Montevideo una ciudad construida entre montañas, sus barrios precarios serían claramente visibles e inocultables, al igual que ocurre con las favelas de Río de Janeiro en Brasil.  Los habríamos visto crecer y multiplicarse a la vista de todos. Pero no se verían como los de la imagen que ilustra este artículo.

Crecieron exponencialmente desde aquellos tiempos y preferentemente alrededor de aquellas “fuentes de trabajo” en surgimiento, donde existían extensos terrenos baldíos, para nunca más revertirse. Fue la consecuencia directa de un enfoque económico populista y destructivo, que cambió para siempre la cultura y hasta la moral del país. Gente llegada del interior profundo, que anclada en la capital insistía en mantener caballos de tiro a su servicio. Muchos encontraron en el reciclaje de basura su medio de vida.

Los años fueron pasando y el problema se mantuvo sin resolver por décadas.

Llegado el Frente Amplio al poder municipal al conquistar la Intendencia Municipal de Montevideo en 1990, muchas expectativas estaban enfocadas en cómo se atacaría, desde sus posibilidades y perspectivas municipales, una problemática tan angustiante desde el punto de vista de la dignidad social como lo era la de los asentamientos irregulares.

Por aquellos tiempos, eran muchos los llamados “cantegriles” que exigían y hasta el día de hoy exigen, respuestas. Pero hubo uno en especial, que el primer intendente frenteamplista consideró prioritario, con el cual probó la posibilidad de aplicar nuevos y revolucionarios métodos.

Consultamos al Chat GPT sobre Tabaré Vázquez y el asentamiento Acosta y Lara y nos respondió lo siguiente:

“El asentamiento «Acosta y Lara» al que te refieres es un barrio ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Sin embargo, no tengo información específica sobre ningún evento o situación relacionada con ese asentamiento y Tabaré Vázquez, el expresidente de Uruguay. Mi conocimiento se basa en información hasta septiembre de 2021, y no tengo acceso a noticias o eventos actualizados después de esa fecha.

Tabaré Vázquez fue presidente de Uruguay en dos periodos no consecutivos: de 2005 a 2010 y luego de 2015 a 2020. Durante su mandato, Vázquez implementó diversas políticas en áreas como la salud, la educación y la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, no puedo proporcionar información específica sobre acciones o políticas que hayan afectado directamente al asentamiento Acosta y Lara, ya que no tengo datos actualizados sobre eso.

Si desea obtener información más precisa sobre la situación actual de ese asentamiento en relación con Tabaré Vázquez, le recomendaría buscar noticias o fuentes confiables que brinden información actualizada sobre el tema.”

En cierta forma alivia y reconforta la total ignorancia que la inteligencia artificial (IA) demuestra, con su tan escueto resumen de la relación consultada.

Lo cierto es que, a poco tiempo de asumir como intendente de Montevideo en febrero de 1990, Tabaré Vázquez convirtió al asentamiento mencionado en una Asociación Civil, dentro de la cual y bajo la tutela de los integrantes de su directiva, nadie era dueño de nada más que de un derecho a ocupar el lugar donde habitaba con su familia, en muchos casos desde varias décadas atrás.

Esa especie de “propiedad comunitaria” ensayada, tal vez la primera en la historia del país, no parece haber dado buenos resultados.

Y es a partir de esa realidad y de la importancia que otorgamos al valor de la propiedad privada, que realizamos la siguiente reflexión:

Hoy el Estado a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), expropia lo que haya que expropiar para traer, según lo acordado, la producción de UPM por tren desde el centro del país hasta el puerto de Montevideo; no importa el costo; cueste lo que cueste, este se asume. Habida cuenta de esa realidad; ¿qué espera el Estado uruguayo para que al igual que se proyectan y realizan obras de saneamiento, pavimentación y alumbrado entre otras en cada uno de los asentamientos irregulares existentes, se busque la manera más ágil y directa de hacer a cada una de las familias allí instaladas, propietaria del predio que ocupa?

Saberse dueños y no ocupantes precarios del sitio donde habitan, contribuirá a que se sustituya basura amontonada por quintas o jardines y desde el punto de vista social, estimulará a los jóvenes allí formados para buscar mejores horizontes a través del trabajo y la educación. Su familia tendrá una casa y lugar de encuentro permanente. Tal vez pueda interpretarse de esa manera el derecho a la vivienda al que refiere nuestra Constitución.

Del mismo modo, regularizar los suministros de luz y agua con conexiones legales y subsidiadas, evitaría riesgos innecesarios y daría respaldo social y moral a situaciones límite que ocurren a diario por estricta necesidad, y bajo el oprobio de la ilegalidad.

No cabe duda de que desde hace muchos años se hacen enormes esfuerzos para solucionar la problemática de los asentamientos.

Nadie duda de que, de encararse un plan nacional de privatizaciones en ese aspecto, deberán evitarse con sanciones ejemplarizantes para las cuales habrá que legislar, las posibles nuevas tomas ilegales. En paralelo y previendo la nueva demanda, el Estado deberá preocuparse por ir expandiendo a nuevas zonas autorizadas y organizadas, las necesidades de viviendas dignas para una población carenciada en constante aumento, hasta que esa situación se revierta con el desarrollo del país.

Una cuestión de sentido común que claramente ni el Chat GPT ni la IA no lograrían comprender.

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