El Observador dio cuenta del enfrentamiento entre el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Es la continuación de un tema ya comentado por nosotros el 21 de agosto en un artículo titulado El que rompe paga, que mantiene su vigencia y amenaza con convertirse en una discusión sin retorno.
Tal vez el intendente de Paysandú no haya utilizado las palabras más adecuadas al referirse a quienes consideran que es el Estado – o sea todos los uruguayos – quien debe encargarse de solucionar sus propios problemas de caminería rural. A través de Twitter, Olivera expresó que “Los poderosos deberían hablar más de los deberes que tienen para con el país”, al tiempo que publicaba la foto de un semirremolque forestal atravesado y empantanado en un camino rural de balastro, aparentemente afectado por lluvias recientes.
El asunto que, como ya hemos visto, viene siendo motivo de discrepancias desde hace algún tiempo, debería ser motivo de conversaciones discretas y acuerdos basados en el sentido común. Sin embargo, fue esgrimido por el presidente de la ARU, Gonzalo Valdés, en su discurso al cierre de la Expo Prado 2022, para dejar clara la oposición de esa asociación a la iniciativa de la comuna sanducera de cobrar por el uso de la caminería rural, provocando la reacción del intendente.
Lejos de calmar los ánimos o de “bajar la pelota al piso”, el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas, Jorge Riani, la integrante de la Federación Rural, Ana Araujo y el productor rural y legislador, Sebastián Da Silva, respaldaron al unísono las palabras de Valdés.
Una actitud a todas luces corporativa, que pretende desacreditar a un intendente por el hecho de plantear públicamente la idea de que el que rompe paga, cosa que debería estar en la tapa del libro de cualquier plan de negocios planteado.
Nuestro país tiene un largo historial de lobbies, amiguismos y privilegios. El neobatllismo acuñado por Luis Batlle Berres a mediados del siglo pasado, es prueba fehaciente de ello. La ARU no escapa a esa realidad que en su momento la volvió víctima cotidiana de una agroindustria abrazada al poder.
Es inexplicable que, en lugar de buscar un camino de diálogo y entendimiento, se pretenda avasallar los planteos del intendente de Paysandú, literalmente “a los ponchazos”.
El precio del deterioro que se produce en la caminería rural para sacar los productos, cosa que indudablemente forma parte de los costos de producción, no puede ser cargado “alegremente” al bolsillo de todos los uruguayos, eliminando de la discusión a quien se opone a ello, a fuerza de mobbing.
No dudamos del esfuerzo que a diario realizan los productores rurales en este país. Pero en momentos de bonanza económica como los que en este minuto vive ese gremio, es importante reflexionar con la mirada puesta en el horizonte y razonar que no está bien capitalizar las ganancias y socializar los costos.
Tal vez haya llegado la hora de que esta sociedad comience a razonar con equidad y a terminar con ciertos privilegios, que suelen confundirse con derechos adquiridos.
La arrogancia es mala consejera. Los empresarios prebendarios suelen ser muy amigos del poder, venga de donde venga. Por si a alguien le falta cultura o le falla la memoria, el fascismo es prueba incuestionable de ello.
Cuidado con confundirse.
