Mal Abrigo, 23 de enero del 2024
PROCLAMA
¡Buenos días! Gracias a los presentes por ser partícipes de otro 23 DE ENERO de nuestro Movimiento Social “Un Solo Uruguay”, recordando aquella memorable concentración que tuvimos en esta misma fecha del 2018en Durazno, cuando reclamamos cambios estructurales imperiosos que, lamentablemente, hoy vemos que siguen estando pendientes en nuestro país.
En estos 6 años hemos sabido mantener nuestra esencia fundacional de ser ciudadanos de a pie, autoconvocados, provenientes de todos los rincones del país, de todos los sectores de actividad y de todos los partidos existentes.
El movimiento ha tenido así una sana impronta de construcción de ciudadanía responsable, en la que sus integrantes tienen en común el espíritu crítico, acompañando siempre sus reclamos con propuestas y documentos que sirvan de base para el intercambio rico de ideas y la implementación efectiva de los cambios estructurales del Estado, imprescindibles para el funcionamiento coherente de un País Productivo y digno para sus habitantes.
A esta altura ya ha quedado claramente demostrado que somos un movimiento social apartidario, que no promueve los intereses corporativos de algún sector específico de actividad, o de algunos colectivos en particular (cosa que no deja de ser legítima), sino que le preocupa el interés general y los temas que tienen impacto para TODOS. Campea también en el movimiento ese espíritu tan uruguayo del “naides es más que naides”. Todo lo anterior está más que bien reflejado en el propio nombre de nuestro movimiento: #UN SOLO URUGUAY.
La elección de reunirnos en este lugar forma parte de uno de los ricos preceptos de este Movimiento: valorar y apreciar nuestro rico interior, muchas veces subvalorado por un centralismo desmedido, que gran daño le ha hecho a la posibilidad de un desarrollo nacional armónico.
Pero el que hoy nos estemos juntando exactamente aquí, en Mal Abrigo, también nos permite hacerle un homenaje a un entrañable compañero que partió demasiado joven de entre nosotros y que era vecino de esta localidad.
Al repasar los principales reclamos que hacíamos en nuestra proclama de aquel 23 de enero del 2018, vale recordar que planteábamos que el excesivo gasto público, gastando más de lo que genuinamente le ingresa al Estado y de lo que podemos generar como sociedad, era la causa principal de los problemas de nuestro país, con un sobredimensionamiento del Estado que se traduce en sobrecostos que “aplastan” a todos los ciudadanos, tanto en forma directa por la presión fiscal (e impuestos encubiertos en tarifas públicas), como por el excesivo peso burocrático de regulaciones innecesarias. Hoy esto sigue ahogando la actividad empresarial y emprendedora, sin permitir el crecimiento orgánico de las empresas y las inversiones genuinas (que no precisen de regímenes especiales con exenciones impositivas a los que no pueden acceder las pequeñas empresas). Eso a su vez no permite la creación sostenida de puestos de trabajo de carácter permanente.
En enero del 2018 también planteábamos otros temas como un lastre para el desarrollo del país (y que derivan en gran medida de lo anterior), tales como los altísimos costos de los combustibles y de la energía en general.
Hoy vemos que los costos de los combustibles y de la energía siguen siendo los más altos de la región, incorporando en sus tarifas una altísima carga encubierta de impuestos e ineficiencias que siguen afectando la competitividad y hacen que sigamos siendo un país caro. Demasiado caro.
Pero la “solución” engañosa y perversa al déficit endémico y creciente por la que hasta ahora se ha optado en Uruguay ha sido la de apostar como ludópatas al aumento del endeudamiento, en un comportamiento cuasi-patológico.
Independientemente de lo buen cumplidor de sus obligaciones que nuestro país haya sido y pretenda serlo en el futuro, esta situación no es sostenible en el tiempo e irremediablemente debemos encarar un sinceramiento de nuestra capacidad de generar riqueza. Para ello, debemos empezar por equilibrar las cuentas, gastando menos de lo que somos capaces de generar con nuestros impuestos.
También reclamábamos que la alarmante falta de competitividad y altísimos costos que teníamos que enfrentar todos los uruguayos debido a lo anterior, era agravada por el atraso cambiario, alimentado entre otras cosas por las políticas públicas por las que se optaba.
Si vemos la evolución del atraso cambiario, casi todos los economistas estiman que hoy está en los mismos niveles que en aquel momento, afectando la competitividad del país. Más allá que las propias autoridades y hasta el Presidente de la República han expresado públicamente su preocupación con este tema, el mismo sigue incambiado.
Parados hoy en otro 23 de enero, pero del 2024, vemos que los problemas estructurales que otros gobiernos no habían sido capaces de solucionar, tampoco los ha podido resolver este gobierno.
Es cierto que algunos de nuestros reclamos del 2018 han sido (aunque sea parcialmente), tomados en cuenta, como por ejemplo la aprobación de una regla fiscal que obligara a no gastar más de lo que ingresa. Y decimos parcialmente, porque en la práctica el Estado igual ha terminado gastando más de lo que le ingresa. Ya pasada la pandemia (tanto en el 2022 como en el 2023), el Estado gastó más de 21.000 millones de dólares, cuando sólo fueron unos 14.000 millones de dólares los ingresos que los ciudadanos uruguayos pudimos generar con gran esfuerzo, proporcionándoselos al Estado para que los gestionara y administrara por y para nosotros en forma responsable.
Como consecuencia de lo anterior, hemos tenido que seguir aumentando el ya descontrolado endeudamiento para cubrir ese déficit. Habiendo arrancado con un endeudamiento del entorno de los 4.000 millones de dólares al momento del retorno a la democracia en 1985, de la gravísima crisis del 2002 salimos con un endeudamiento del orden de los 12.000 millones de dólares. Hoy, el país debe la escalofriante cifra de unos 75.000 millones de dólares entre amortización de capital e intereses.
También seguimos con casi la misma cantidad de funcionarios públicos que teníamos en el 2018, pese a que muchos trámites hoy se han digitalizado e innumerables gestiones hoy se pueden hacer en forma electrónica. Incluso se ha seguido agrandando al Estado, creando nuevas reparticiones y cargos públicos, sin la contrapartida lógica de racionalizar o eliminar otras que hayan devenido redundantes.
Quizás aquí debamos hacer un alto, para aclarar que ya en nuestra 1ª Proclama en enero del 2018 (cuando reclamábamos medidas concretas para bajar o racionalizar el gasto público), decíamos que era necesario pensar en un Estado fuerte pero austero, que cuide y controle los recursos públicos, resaltando también la responsabilidad de los gobiernos departamentales en estos temas. Aclarábamos también expresamente que había que mantener las políticas sociales, de educación, salud y seguridad, buscando su mayor eficiencia.
Si bien todos los ciudadanos hemos hecho un gran esfuerzo para solventar con nuestros impuestos dichas políticas, los resultados aún siguen sin estar acordes con los montos asignados a tales efectos.
Tampoco hoy tenemos más libertad en cuanto a libertad de elección como consumidores o como actores económicos. En diversos mercados (que afectan directa o indirectamente a todos los sectores de la economía), seguimos sin poder gozar del efecto beneficioso de una mayor competencia (tanto sea por una mejora en los costos o por poder acceder a mejores precios).
La concentración de poder económico, los monopolios, oligopolios y oligopsonios (sea en los combustibles, puertos, frigoríficos, grandes superficies, cadenas comerciales o productos de tocador), sólo beneficia a unos pocos que “tienen la vaca atada”.
Más allá de la excusa relativa y facilista del pequeño tamaño de nuestro mercado, es claro que la falta de competencia en ciertos sectores, causada en gran medida por las propias regulaciones estatales, también contribuye a que nuestro país sea caro. También es cierto que algunas grandes empresas incentivan que se dicten dichas regulaciones, ya que terminan operando a su favor (como barreras de entrada para nuevos competidores, o como una forma de eliminar la competencia que pueden estar empezando a enfrentar por parte de empresas más pequeñas).
Aparentando ser un país sólido, creíble y cumplidor de los compromisos asumidos, el Estado ha terminado olvidando lo que debería ser su 1er compromiso: el desarrollo sustentable de la nación y el servicio a sus ciudadanos. En lugar de eso, hoy los ciudadanos están condenados a estar al servicio del Estado y del “costo país” que genera, trayendo a nuestro recuerdo la penosa situación que tenían que soportar los campesinos medievales bajo el yugo de los Estados Feudales que los explotaban, o situaciones del mercantilismo pre-capitalista con poderosas “Compañías de Indias”.
Como el sistema político no se anima a realizar una reforma efectiva del Estado y un ajuste fiscal para equilibrar las cuentas, el ajuste “de facto” que termina operando es el “ajuste por población”, tal como ha denominado el Cr. Ricardo Pascale (2 veces Presidente del Banco Central) a la expulsión sistemática que nuestro país hace de sus hijos. Los por los menos 600 mil uruguayos que hoy tenemos en la diáspora, 3 veces más que el promedio, son una prueba de ello.
Este “ajuste por población” y esa diáspora de compatriotas (precedido muchas veces por el fenómeno del Genocidio de la Ruralidad al que nos refiriéramos en alguno de los documentos generados por USU), también son el resultado de las políticas públicas implementadas, ya que no hacer nada al respecto también es una política pública en sí misma.
Los resultados del Censo reciente muestran que, si no fuese por la inmigración (principalmente de venezolanos y cubanos que viene huyendo desesperados de la situación dantesca que viven sus países), la población de Uruguay hubiese caído en forma importante.
Otro ejemplo del fracaso de las políticas públicas, también por omisión e inacción, es el de los perros sueltos. Este tema también está entre las decenas de documentos con propuestas concretas que le hiciéramos llegar oportunamente a las autoridades.
Habiendo sido un problema desde las épocas de la Patria Vieja con los perros cimarrones, a lo largo del SXX la sociedad uruguaya lo había logrado controlar, llegando incluso a ser modelo a nivel internacional. Pese a que por ley está prohibido tener perros sueltos, eso es letra muerta y expresamente se ha omitido su control en un decreto recientemente dictado sobre animales en vía pública. Hoy hemos involucionado, teniendo una relación casi 10 veces mayor entre perros y humanos que la recomendada por la OMS. Además de los riesgos para la salud pública, las mordeduras de perros y accidentes de peatones, ciclistas y motociclistas, en rutas y calles de pueblos y ciudades, son un porcentaje preocupante de los ingresos a puerta de emergencia de los hospitales, así como un problema de seguridad vial, con resultado de muerte e incapacidad física. En lo que hace a su afectación a la producción (particularmente la ovina), los más afectados han sido los pequeños productores, que a veces dependen de este rubro para sobrevivir y se han fundido, abandonando la producción y su vida en el campo. Finalmente, la situación de esos perros sueltos también atenta contra el propio bienestar animal que a veces es excusa para no tomar las medidas que se deberían tomar.
Por otro lado, más allá de las tasas oficiales de desempleo, subempleo y de pobreza, el que en un país de 3,4 millones de habitantes hoy tengamos 840 mil personas beneficiarias del Plan Equidad del MIDES, nos muestra que evidentemente no estamos teniendo éxito en generar mejores oportunidades para los uruguayos.
Así que, si volvemos a repasar los reclamos que se plantearon aquel 23E del 2018, en forma resumida podríamos decir que hoy seguimos teniendo que cargar las mismas enormes mochilas, algunas pocas un poquito más livianas y otras aún más pesadas.
Si bien no podemos dejar de reconocer la buena respuesta y gestión frente a un gravísimo problema coyuntural que enfrentamos, como sin lugar a dudas fue la pandemia, mientras no ataquemos los principales problemas estructurales de fondo, poco podremos avanzar tratando sus consecuencias con “aspirinas” y parches.
El empleado más importante que tenemos todos los uruguayos, como el presidente se define a sí mismo, no ha estado a la altura para resolver los problemas estructurales que nos aquejan hace ya varias décadas, y tampoco lo ha estado el equipo de gobierno, niel sistema político en su conjunto.
El que no se hayan escuchado y tomado en cuenta debidamente nuestros reclamos y propuestas no queremos creer que se deba a un tema de arrogante soberbia o de estar embriagado por el poder, pero quizás ratifica aquello que dijera un expresidente uruguayo, en cuanto a que en nuestro país el presidente y los gobiernos terminan “ejerciendo de bomberos”, más que ocupándose de los temas que nos afectan a largo plazo.
Lo anterior en cierta forma es reforzado por las recientes declaraciones de quien hasta hace un par de meses era el Director de la OPP, en las que dijo que “el gasto público sigue siendo elevado y las cargas tributarias son “altísimas”. También dijo que Uruguay “es un país caro” y que “los beneficios fiscales son aprovechados por las empresas grandes, pero no por las pequeñas”.
También en línea con lo que mantiene USU, el ex Director de la OPP sostenía en esas declaraciones que lo que tiene mayor incidencia en que tengamos combustibles tan caros son los impuestos que estos tienen incorporados y que no hay otra manera para bajar los impuestos que bajar el gasto, o sostener el gasto constante y dejar que el crecimiento de la economía brinde más recursos. Asimismo, planteaba que no entendía por qué debemos tener unos 70.000 empleados públicos más que en el 2004 y finalmente decía quela falta de competencia (que influye fuertemente en que Uruguay sea caro), se debe a las regulaciones, tema en el que no se logró mucho.
Por otro lado, cuando vemos que pasó con la reforma del Estado que estaba incluida en el “Compromiso por el país” (firmado en el 2019 por los integrantes de la actual coalición de gobierno), sorprende que recién se hayan votado algunos tímidos cambios en la pasada Rendición de Cuentas, pero que no van a ser implementados en este período de gobierno.
Quien trabajó en este tema, como Director de la ONSC, ha sostenido que la Reforma del Estado “no ha sido una prioridad” para el gobierno y “hubo resistencias” en el propio Poder Ejecutivo, agregando que se corre el riesgo de que el próximo gobierno ni tome en cuenta lo aprobado en la Rendición de Cuentas y que el tema puede ser visto como un saludo a la bandera. También ha declarado hace unos pocos meses que hay una resistencia del sistema político a ingresar en ese tema, ya que no le ve el atractivo ni la utilidad y es más fácil cortar cintas.
A los comentarios anteriores le deberíamos agregar que muchos actores de 1ª línea de la actual coalición gobernante, en el 2018 también expresaban estar de acuerdo con nuestro análisis y aplaudían nuestros reclamos.
Como sosteníamos en nuestra proclama del 2018, pareciera que “el poder y la lucha por llegar a él, alejan sin distingos de colores a los gobernantes de la gente y sus necesidades”. Es que la ambición electoral por llegar al poder y mantenerlo a cualquier costo, conduce al abuso de las estructuras del Estado, generando una dinámica perversa de clientelismo y asistencialismo populista, que termina resultando en una imparable “bola de nieve” de incremento presupuestal. Hemos caído así en la “trampa” de políticas económicas que parecerían estar solamente orientadas a sortear exitosamente las siguientes elecciones, como si no hubiera un más allá, pero que no son sustentables en el largo plazo. Y dado que esas prácticas se vienen repitiendo hace ya demasiado tiempo, el precipicio hoy ya está demasiado cerca.
Hoy vemos que ha quedado bien claro que el mero cambio de signo de los gobiernos no garantiza la solución a los problemas de fondo, por lo que es imperioso contar con una ciudadanía comprometida, que haga seguimiento y control ciudadano, exigiendo el cumplimiento de las promesas electorales.
Ese camino de construcción de ciudadanía es el que en USU hemos estado recorriendo en forma incansable y al que seguimos invitando al resto de nuestros conciudadanos. Por eso, apelamos a la INTELIGENCIA y sentido común de los uruguayos. Siendo todos parte del problema, lo más importante, es que todos somos también parte de la solución. Como dijera Artigas: “Nada podemos esperar, si no es de nosotros mismos”.
Señores: el país es de nosotros los ciudadanos que, como dueños del mismo, cada 5 años designamos a nuestros representantes y administradores. Con los malos resultados que vemos, creemos que no es suficiente si sólo nos involucramos cada 5 años y el único cambio en el que incidimos es en el de quien va a ocupar los sillones del Parlamento o de la Torre Ejecutiva…
Es por ello que debemos dar un paso más: hacerle un seguimiento cercano a quienes hayamos votado, ejercer control ciudadano y exigir resultados.
Nuestro movimiento social ha convivido con dos gobiernos distintos, que tomaron posturas diferentes ante los reclamos presentados, …pero con formas de proceder y resultados similares.
Hagamos memoria para evidenciar que las formas de proceder y los resultados son similares: en el período 2000–2005 la oposición de aquel tiempo se opuso ferozmente a la 1a planta de celulosa, la cual terminó instalándose cuando esa oposición llegó al gobierno, en el período 2005–2010.
Con la última planta de celulosa se dio un caso similar, pero con los actores invertidos… Pese a criticar ferozmente las cláusulas leoninas negociadas en un contrato secreto y asegurar que se renegociaría, nada de ello sucedió.
Asimismo, la misma reprobable práctica de negociar contratos en forma secreta también fue empleada por quienes antes la criticaban, para entregar la operación de contenedores del Puerto de Montevideo a un monopolio privado
¿Basta con estos ejemplos, o debemos poner más? Quizás es obligación de todos ejercitar nuestra memoria, para no caer en el relato de los políticos.
¡¡¡Nos están subestimando!!!
Es hora de reaccionar, de despertar, de generar ese cambio cultural que nos ponga de nuevo como ejemplo. El cambio se inicia en cada uno de nosotros, se construye día a día, con pequeñas acciones y fomentando las actitudes que permitan que nuestro país sea desarrollado.
Hay que dejar de buscar excusas afuera de nuestro país, viendo pasivamente que nuestro desarrollo dependa de si tenemos viento de cola o de frente debido a la situación económica mundial o regional, o por los precios internacionales. No somos víctimas de nada, ni de nadie, más que de nosotros mismos.
Debemos darnos cuenta que, justamente porque hay una cantidad de variables que escapan a nuestro control como país (debido a que somos pequeños y tomadores de precios), en lo que nos debemos concentrar es en todos aquellos cambios estructurales que dependen de nosotros y que son clave para que podamos lograr un desarrollo sustentable.
Pero es claro que hasta ahora el sistema político no ha logrado generar los acuerdos necesarios que permitan implementar políticas nacionales a largo plazo, ni ha podido procesar los cambios estructurales que imperiosamente necesitamos.
Es por ello que en julio del año pasado USU formalmente le hizo una propuesta “superadora” a todo el sistema político, invitándolo a generar un Acuerdo Suprapartidario, para conformar Consejos Consultivos Honorarios con las mentes más brillantes y “descontaminados” de la lógica cortoplacista de los ciclos electorales de la política partidaria. El cometido de estos órganos es asesorar y recomendar a los poderes públicos.
Esta propuesta, plasmada en el documento “Una Patria para todos”, sugiere 3 líneas de acción:
1) Reducción del gasto público hasta lograr alinearlo con los ingresos reales de la recaudación, poniendo especial foco en la calidad del gasto y en la obtención de resultados medibles.
2) Políticas Nacionales de Desarrollo, que mediante una mejora en la competitividad general de la economía operen como incentivos naturales a la inversión, resultando en un aumento de la producción de bienes y servicios, el nivel de actividad y por ende en un aumento sustantivo de los ingresos y de la recaudación.
3) Marco legal, que asegure el cumplimiento efectivo de las normas y su razón de ser: las garantías del Estado de Derecho. Esto necesariamente debería incluir un sistema de contralor efectivo, con consecuencias prácticas ante eventuales apartamientos y una defensa de la soberanía nacional en su más amplia acepción.
Con esta propuesta que estamos haciendo como movimiento social inserto en la sociedad civil (donde radica la soberanía de la nación), pretendemos contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
Dado que en los meses siguientes a nuestra propuesta hemos visto que diversos actores políticos han empezado a hablar de acuerdos y diálogos nacionales en distintos temas, entendemos que una forma de plasmar esas buenas intenciones sería que a partir que termine el receso parlamentario el próximo mes, ya empiecen a promover la creación y conformación de estos Consejos Consultivos Honorarios que proponemos. No hacerlo implicaría que dichas buenas intenciones terminen siendo meras expresiones de deseo de campaña electoral, que ya estamos cansados de escuchar.
¿Podemos cambiar o revertir el rumbo y generar entre todos el futuro que nos merecemos como sociedad? ¡Por supuesto que SÍ!!!, pero para ello no podemos ser meros espectadores.
Los invitamos entonces a ser ACTORES y PROTAGONISTAS de este cambio.
Hoy acá, un 23 de enero de 2024, seguimos sin callarnos, queriendo y exigiendo
#UN SOLO URUGUAY.
