En los últimos meses los uruguayos hemos estado padeciendo una subida de precios que ha repercutido en la medición de la inflación alejándose del rango meta establecido por el gobierno. Ante esta situación, el gobierno ha implementado algunas medidas transitorias como exoneraciones de IVA a algunos cortes de carne, panificados y fideos, y adelantar los aumentos salariales a funcionarios públicos y jubilaciones a cuenta del próximo ajuste.
Días pasados el Frente Amplio, el sector Ciudadanos del Partido Colorado y el Senador Manini Ríos de Cabildo Abierto elevaron sus respectivas propuestas para hacer frente a la escalada de precios, y es menester de éstas líneas, hablar sobre ellas.
Sobre fines del mes de Marzo, el Senador cabildante, Guido Manini Ríos realizó al Presidente Lacalle Pou la propuesta de hacer un acuerdo de precios en una veintena de productos de consumo popular, en la cual los comerciantes dejaran de percibir ganancias, y como contrapartida, el Estado se comprometía a realizar una renuncia fiscal para compensar los ingresos. La respuesta del gobierno fue negativa, aduciendo que la inestabilidad generada por el conflicto entre Ucrania y Rusia dificulta realizar dicho acuerdo, y que en su lugar se apelaría a los comercios que releguen parte de sus ingresos para bajar los precios.
El día 6 de Abril por su parte, la bancada del Frente Amplio dio a conocer sus propuestas para mitigar la inflación como la recuperación salarial mediante Consejo de salarios, reducción de IVA a productos de la canasta básica, eliminación del IVA al gasoil en todo el transporte y la producción, alivio fiscal a comercios de frontera
El día 12 de abril el sector Ciudadanos del Partido Colorado no se quedó atrás e hizo sus propuestas, las mismas son aumentar en 20% las asignaciones de la Tarjeta Uruguay Social y prestaciones del BPS, reducir el IVA en productos de la canasta básica, adelantar los ajustes salariales, emitir un bono especial a los jubilados con prestaciones sumergidas, realizar acuerdo de precios con empresas por un período de 60 días y modificar el límite porcentual de las deducciones realizadas en el calculo de IRPF.
Si bien no vamos a hablar de todas las propuestas planteadas, vamos a ir navegando por algunos conceptos puntuales que se encuentran detrás de alguna o todas ellas.
En todos los casos, el financiamiento de la baja de los precios alguien lo tiene que pagar, y si lo que se quiere es que el consumidor final no lo sea, entonces algún agente de la cadena de suministro lo tiene que hacer, y de no ser así, termina siendo el Estado. No hay muchas opciones para innovar. En ese sentido el foco de las propuestas es o bien que el comerciante resigne ganancias, o bien que el Estado se haga cargo.
Empecemos por la primera afirmación, ¿Qué significa que un comerciante resigne ganancias? Básicamente que haga un trabajo no remunerado, lo que hay detrás de que el comerciante se constituya como tal, es el incentivo a obtener un beneficio económico que lo estimula a poner su capital y/o trabajo en un mercado para lograr su objetivo. El problema es que cuando ese incentivo desaparece, el comerciante comienza a ser atraído por incentivos de otro mercado. Esto no significa que si existe una reunión entre el gobierno y los comerciantes, en la cual se les pide que resignen ganancias, el comerciante cierre su establecimiento e invierta en otro mercado, y aunque si puede suceder, si ese es el espíritu de la medida, terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿Esta mal que un gobierno apele a la voluntad de un comerciante para bajar un precio? En absoluto, lo que no puede suceder es que esa medida sea de forma obligatoria ni de carácter permanente. La razón por la cual no puede ser obligatoria ni permanente, es porque, como mencionábamos anteriormente, el comerciante pierde el incentivo a vender ese producto, y al no ser comercialmente atractivo, a nadie le interesaría venderlo, la oferta del producto bajaría y sería difícil de conseguir. Imagínese todas las variables que venimos manejando: un producto que tiene un precio topeado, que a nadie le interesa venderlo y que escasea, si usted lo necesita ¿dónde lo consigue?, lo que termina sucediendo es que se genera un mercado paralelo que está por fuera del marco legal y como tal no se rige por precios ni cantidades reguladas. Culturalmente los mercados paralelos son mal vistos por su carácter ilegal, pero en realidad, no son ni mas ni menos que una expresión de necesidad de las personas; el dólar blue en Argentina se vende en un mercado ilegal pero es la única forma que tienen las personas de acceder a un bien cuyas cantidades están reguladas por el gobierno; en la famosa Ley Seca vigente en EEUU entre 1920 y 1933 se prohibía la importación, fabricación, transporte y venta de bebidas alcohólicas, ¿qué sucedió? que en realidad la ley no quitaba las ganas de tomar alcohol a los norteamericanos, y lo compraban en un mercado paralelo a precios mucho mas altos y calidades mucho menores. Sin irnos de tema, las regulaciones en precios o cantidades pueden ser efectivos en el corto plazo pero tienen consecuencias negativas a largo plazo.
Continuemos con el segundo enunciado, ¿Qué significa que el Estado se haga cargo de las medidas? Como podrá imaginarse, significa que tales medidas se van a pagar con los impuestos de los contribuyentes. En algunas de las medidas propuestas por los distintos sectores se enunciaba el costo fiscal aproximado y que “había espalda” para poder realizarlo y cuando “hay espalda” no termina siendo un problema, el problema es el día después, cuando la espalda ya no exista. Esta situación es similar a su economía personal, cuando tiene margen para ahorrar, lo hace para consumir a futuro algún bien o servicio en particular, o bien para hacer uso ante una situación inesperada. La diferencia entre la persona que tiene capacidad de ahorro y el Estado, es que el individuo maneja su economía en el corto plazo y puede aumentar o restringir su presupuesto con mayor facilidad, y en cambio al Estado le cuesta mucho mas, sea por temas coyunturales, compromisos o directamente porque al sector político no le interese recortar gastos. En un estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Udelar sobre el resultado fiscal uruguayo entre los años 1910 y 2009, se visualiza que en 84 de los 100 años estudiados, el resultado fiscal fue negativo, esto significa, que los gastos del gobierno central excedieron a sus ingresos. Esto demuestra tres situaciones; que el concepto de tener “espalda” para el sector político no es precisamente ahorrar; que en el caso de que efectivamente esa “espalda” exista, es una casualidad histórica; y que el sector político es muy deficiente como administrador del dinero de los contribuyentes.
