En base a informaciones originadas por las agencias internacionales AFP y EFE, el diario El País confirmaba esta semana la expulsión de Venezuela de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en aquel país en 2019, bajo la conducción de Michelle Bachelet.
Nicolás Maduro fue enfático al justificar tan disparatada decisión y el plazo de 72 horas dado a los funcionarios involucrados para abandonar el país, con una frase que suena reiterativa: «Son un grupo de golpistas y terroristas».
En el concepto de “democracia” con el que pretende camuflar su autoritarismo, todo aquel que se oponga, discrepe o identifique y difunda las atrocidades con las que ese gobierno saca de circulación adversarios y opositores y los somete a todo tipo de vejámenes e injusticias sin atenuante alguno, es calificable de golpista o terrorista.
La expulsión se produjo, además, un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, informara que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención, durante su visita de dos semanas al país.
La detención de la activista en favor de los derechos humanos Rocío San Miguel, acusada -para variar- de “terrorismo” y la caprichosa inhabilitación de María Corina Machado, candidata presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y favorita según todas las encuestas confiables para ganar las elecciones programadas para este año, precedieron también esta decisión de última hora, en la que el régimen termina de sacarse la careta dejando en evidencia su total impunidad.
Que Maduro actúe en esa forma no es algo que sorprenda a nadie. Es un fiel discípulo del gobierno cubano que lleva ya más de seis décadas de experiencia manejándose en esas lides.
Salta a la vista que por mucho que se hable del muy relativo “bloqueo” que los Estados Unidos puedan haber impuesto a Cuba por décadas y últimamente a Venezuela, ninguna de esas autocracias habría podido sobrevivir sin una cierto “vínculo” o “complicidad”, anclados en aquel país del norte.
Nadie desconoce la existencia de una casta venezolana, incorporada y/o aceptada por el poder, que vive en la opulencia y viaja por el mundo – y en especial a Miami y Nueva York – sin limitación alguna. Una privilegiada “minoría selecta” por el régimen, cuya realidad en nada se parece a la vida miserable que llevan muchos de sus compatriotas subordinados al autoritarismo gobernante, o a la que llevan millones y millones de venezolanos repartidos por el mundo, rehaciéndose en el exilio.
Llámese “solidaridad internacional” o “intereses creados”, es fácil intuir que algo permite que ese despotismo subsista y se mantenga.
Cuando Granada en el Caribe fue invadida “pacíficamente” por Cuba con el respaldo de la Unión Soviética, a partir de una serie de acuerdos bilaterales firmados con el gobierno comunista de ese país, la reacción de Estados Unidos no tardó en producirse.
La toma de la isla demoró en ejecutarse menos de 72 horas. Ronald Reagan era presidente y el hecho ocurrió a fines de 1983. Es evidente que, en relación con Granada, no existían las limitantes locales que notoriamente si existieron y existen, con relación a Cuba.
En el Uruguay, las reacciones a las recientes decisiones de Maduro, no tardaron en producirse.
Mientras el gobierno resolvió llamar a consultas al embajador uruguayo en Venezuela, Eber Da Rosa, la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cosse, respaldada por el Pit-Cnt y el Partido Comunista, no dudó en eludir calificar lo ocurrido en Venezuela: «Los pueblos tienen que encontrar su propia solución. Yo tengo que ser muy cuidadosa porque tengo una responsabilidad pública y pretendo tener una muy importante. Cada cosa que yo diga puede tener consecuencias para el Uruguay». «No me voy a meter en temas internos de otros países».
Cosse señala que cada vez que llega un nuevo período electoral los temas de Cuba y Venezuela aparecen sobre la mesa. Su observación es acertada y responde al hecho de que mientras en el Uruguay se renuevan autoridades y se compite libremente en cada elección, en aquellos países sus ciudadanos siguen soportando la misma opresión que es para ellos inamovible. Es a ese despotismo autoritario que hoy denominamos dictaduras, que debemos la absurda necesidad de tener que seguir reiterando el tema que ya lleva muchas décadas. Y mientras Cosse sigue mirando para otro lado, sus socios del PC y del Pit-Cnt manifiestan abiertamente su admiración y simpatía por aquellos dictadores, a los que visitan cada vez que pueden.
Por su parte, tanto Yamandú Orsi como Mario Bergara, cuestionaron el hecho de que siendo Venezuela – según el gobierno – una dictadura, se haya enviado un embajador a ese país.
Es evidente que el hecho de enviar un embajador a Venezuela – lo mismo se hizo con Cuba – no niega o relativiza la existencia de una dictadura.
Cabe recordar que, en plena dictadura uruguaya, la ruptura de relaciones con Venezuela se produjo por el hecho de que la maestra Elena Quinteros fue apresada por esbirros del gobierno en los jardines de la embajada de aquel país, cuando intentaba desesperadamente pedir asilo. Una embajada no debería ser una simple avanzada social y farandulera como suele ocurrir, y debería estar plenamente al servicio de sus compatriotas y de todos aquellos que sufran persecución por temas políticos, religiosos, ideológicos o injusticias de diverso orden. Tal vez sea ese el fundamento para la existencia de embajadas uruguayas en Cuba y Venezuela.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tildó públicamente al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de lacayo de los Estados Unidos, por condenar la caprichosa inhabilitación de María Corina Machado como candidata presidencial, electa por una abrumadora mayoría en las últimas elecciones primarias y afirmar que “salta a la vista que Venezuela es una dictadura”
El que fiel a sus principios y sin dudarlo, mostró una vez más su enorme capacidad y visión política, fue el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica.
Según reseña el diario La Nación, Mujica reconoció que el gobierno de Venezuela “es autoritario” y que “se lo puede llamar dictador”.
Criticó a Delcy Rodríguez por sus declaraciones contra el presidente uruguayo y afirmó:
“Se le fue la moto a la doña esa. Así no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar, hasta por conveniencia y relaciones diplomáticas”.
“La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado, y tiene un gobierno autoritario que se pasa para el otro lado”.
Reporta La Nación que, ante la pregunta de si sus dichos confirmaban que en Venezuela hay una dictadura respondió:
“¿Qué quiere decir la palabra dictadura? ¿Dónde se origina el concepto dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban, que concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado porque en momentos de peligro no se puede discutir. Tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura de dictador. El de Venezuela es un gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador… llámenlo como quieran”.
Mujica refiere a la confusión que genera el hecho de que en la República Romana y en tiempos de crisis, se recurría al nombramiento de un dictador para un período limitado de tiempo y con un propósito específico.
Se elegía por mayoría y entre los ciudadanos más capaces para ejercer el cargo y su mandato no podía exceder los seis meses. Una vez que el propósito para el cual había sido nombrado estaba resuelto o el tiempo de su mandato expiraba, el dictador renunciaba a su cargo y se restablecía el gobierno normal de la República con sus magistrados regulares.
La duración del mandato de un dictador en la República Romana era breve y temporal, limitada por ley y aprobada por las instituciones republicanas.
Bajo estas premisas llamar a Nicolás Maduro o a Miguel Díaz-Canel dictadores, carece totalmente de sentido, dado que están eternizando la permanencia de una casta en el poder y se han convertido en autócratas. Mujica lo sabe y juega con las palabras.
Pero es bueno dejar en claro que ser un dictador hoy, ya no tiene el sentido que se le daba en la República romana. Equivale a ser un autócrata y no es una condición aceptable.
La autocracia es lo opuesto a la democracia. Se caracteriza por la falta de libertad, de respeto a las minorías, de separación de poderes, de pluralismo político, de elecciones libres, de igualdad, de soberanía popular, de justicia.
Hacen bien Mujica y su partido el Movimiento de Participación Popular (MPP) en marcar distancia en un tema tan trascendente de sus compañeros de coalición, que con la excepción de Mario Bergara y alguna más, han retrocedido sesenta años en sus postulados.
Los ultras de un cada vez más resquebrajado Frente Amplio, insisten en identificarse con gobiernos autocráticos donde sólo las castas privilegiadas comparten el botín y el resto de los ciudadanos subsisten en la miseria. ¿Creen que, en tiempos de internet y redes sociales, la parodia permanecerá ignorada por el electorado?
El MPP tiene mucho para ofrecer. Un valorado desempeño y crecimiento demostrado en Canelones por el intendente y hoy precandidato a la presidencia Yamandú Orsi, dan cuenta de sus posibilidades.
El quiebre ideológico y de postulados que comienza a vislumbrarse en su coalición, puede ser su mayor aliado para el logro de sus objetivos.
Pero llamando al pan, pan y al vino, vino.
