El diario El País hacía mención por estos días de un reciente análisis publicado por el Real Instituto Elcano de Madrid, del que fuera coautor el economista Ernesto Talvi. El trabajo destaca el hecho de que Uruguay, pese a su tamaño, escasa población y estando ubicado entre dos enormes países como Argentina y Brasil, “aparece con frecuencia en la prensa internacional”.
El informe se titula: “El enigma de la elevada deuda pública y el bajo riesgo crediticio de Uruguay: cuando ‘lo esencial es invisible a los ojos”. Talvi y Sofía Harguindeguy, sus autores, destacan en su análisis que esas apariciones periódicas de Uruguay en las noticias internacionales suelen destacar aspectos positivos tales como: “La solidez de sus instituciones, sus credenciales democráticas, su estabilidad y previsibilidad económica, su red de protección social, y su política exterior.”
Consideran llamativo que Uruguay tenga el menor riesgo crediticio de la región pese a su muy alto endeudamiento. En tal sentido, reseñan una serie de acciones y decisiones que según ellos habrían propiciado esta condición a partir del 2020, pero consideran que el hecho más relevante sería la reciente aprobación de una reforma jubilatoria que, “más allá de que algunas de sus disposiciones son positivas y otras más cuestionables desde el punto de vista del diseño, los incentivos y la equidad del sistema, garantiza la credibilidad y la solvencia fiscal”.
“Esta ley es una señal de que el sistema político está dispuesto y es capaz de llegar a acuerdos para promulgar reformas que son políticamente costosas, complejas de negociar y que tienen un impacto que va más allá del gobierno de turno y abarca a muchos gobiernos”, manifiestan.
En contraposición a la opinión de los citados expertos, y con relación al mismo tema de la reforma aprobada, el mismo medio de prensa informaba también esta semana sobre lo expresado por el presidente del Pit-Cnt, en su discurso, pronunciado en el marco del acto convocado por esa central sindical el 1ro de mayo, Día de los Trabajadores. Haciendo gala del estilo confrontacional que lo caracteriza, Marcelo Abdala sugirió no descartar ninguna acción posible para revertir un “ajuste fiscal encubierto de reforma jubilatoria”. Habló de la posibilidad de utilizar mecanismos de democracia directa y de analizar la viabilidad de convocar a un plebiscito para derogar o modificar la reforma aprobada.
En tono más moderado y conciliador, el intendente de Canelones y precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, salió al cruce de lo expresado por Abdala manifestando lo siguiente: “La impugnación o la utilización de mecanismos de democracia directa me parece que hay que revisarlo, porque a veces pensando que ese camino te lleva a la mejor de las situaciones, lo que te puede hacer es trancar un proceso”.
Es indudable que las presiones ejercidas por Cabildo Abierto para lograr modificaciones de último momento a la reforma aprobada generaron rispideces y a la larga provocarán probablemente modificaciones y revisiones. Especial atención estaría generando la diferencia de criterios que se habrían establecido, privilegiando de manera especial al sector militar. Pese a las críticas y reparos manifestadas por otros integrantes de la coalición de gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou manejó con buen criterio la situación, con el objetivo de lograr aprobar la reforma.
Con sus defectos y virtudes, siempre corregibles y mejorables, una reforma jubilatoria por mucho tiempo postergada por temor a los costos políticos que indudablemente podría acarrear su aprobación, hoy es ley.
Reconforta observar cómo algunos temas que deben ser considerados políticas de Estado y cuya permanencia y ejecución hacen al avance del país y fortalecimiento de la democracia, comienzan a vislumbrarse como viables por quienes hoy ocupan posiciones de liderazgo en diferentes sectores políticos.
Y esto ocurre a contrapelo de la insistente permanencia de populismos e intereses corporativos de izquierda y de derecha, cuyos trasnochados postulados comienzan a quedar en evidencia.
