En un hecho al parecer sin precedentes, las autoridades de OSE se han visto en la necesidad de recurrir al bombeo de agua que, proveniente del Río de la Plata y aguas abajo de las instalaciones previstas en Aguas Corrientes para el abastecimiento de agua dulce y potable a la población de Montevideo y áreas circundantes, podrían aumentar los niveles de salinidad del vital elemento. Cabe aquí recordar que las obras que dieron origen a la primera Usina de Bombeo del país se iniciaron en 1868 por parte de una empresa privada, pasando en 1879 a manos de la compañía inglesa The Montevideo Waterworks, Co. Ltda, siendo adquiridas en su totalidad por el Estado en 1950, hace ya más de siete décadas.
Según reseñara el diario El Observador, los ministerios de Salud Pública y Ambiente, OSE, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), aseguraron que el agua potable sigue siendo “apta para el consumo” de la “población general”. En paralelo a esto, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, afirmó que: «En cuanto a las personas con hipertensión, enfermedades renales y personas que tienen recomendación médica de una dieta restringida en sal, se recomienda extremar los controles de presión arterial, no descuidar sus controles médicos y en caso de ser posible, consumir agua embotellada».
Desde Libertad Responsable consideramos contradictorio lo anunciado por las citadas y numerosas entidades que tendrían competencia en el tema del agua potable, con lo expresado por la ministra. Y ante el evidente riesgo potencial de incalculables consecuencias que quedaría a la vista ante esta contradicción, hacemos votos para que se evalúen con precaución y se anuncien formalmente, los procedimientos, alcances y real dimensión que entraña la medida.
Más allá de lo preocupante que a todas luces resulta el tener que apelar a utilizar un recurso tan extremo, que podría poner en grave riesgo la salud de los consumidores, además de generar diversas afectaciones por corrosión en muchas instalaciones existentes, debe valorarse que en nuestro país la situación se haga pública para que la población pueda informarse y la medida ser discutida y analizada en profundidad.
Un balance de poderes que hacen al contralor y la transparencia, que también debe destacarse.
