LUC: La hora de la verdad

En junio de 2012 hace casi diez años y siendo José Mujica presidente de la República, su ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, anunciaba en conferencia de prensa, junto a otros representantes del Poder Ejecutivo, la intención de legalizar la marihuana en el país.

La medida, incluida en un paquete propuesto por el gobierno para intentar frenar el aumento desmedido de la delincuencia, fue anunciada al día siguiente por el presidente Mujica, en un mensaje emitido por cadena de radio y televisión a la Nación.

En esa oportunidad y siendo su ministro del Interior Eduardo Bonomi, el entonces jefe de Estado, reconoció de hecho la ineficacia del gobierno para enfrentar los graves problemas de inseguridad, nunca vistos con tal virulencia en esta etapa democrática, y evocó con nostalgia la paz y la tranquilidad existentes en el pasado en el país.

Paralelamente, desde la izquierda uruguaya se atribuía el aumento de la delincuencia, a la mejora general de la economía, derivada de un contexto internacional que hizo crecer a valores inimaginables los precios de los commodities.

Según aquellos voceros, la prosperidad alcanzada, el marketing permanente y el consecuente incremento del consumo generado por el mundo capitalista, eran la causa del aumento de las tentaciones, ambiciones y frustración de los delincuentes.

Por el sistema de legalización planteado, resultaba evidente, que ese nuevo proyecto de control y legitimación de la marihuana apuntaba más a fines políticos, de recaudación y de ampliación del monstruo estatal, que a un objetivo real de disminución de la delincuencia o de franca liberalización del consumo.

Por esos mismos días y desde Brasil, donde participó de la Cumbre Río+20, el entonces presidente Mujica se refirió, para tranquilidad de sus camaradas regionales, al verdadero fin perseguido con el sorprendente anuncio:

«La idea no es liberar, al contrario, vamos a controlar mediante una red estatal de distribución” dijo recordando a todos su estilo sencillo y campechano. “No permitiremos a una persona ir al almacén a comprar marihuana y hacer lo que quiera”, agregó.  “El Estado controlará la calidad, la cantidad, el precio y las personas que la compren estarán registradas».

Según reseñara en su momento la prensa, Mujica explicó además en Brasil a periodistas uruguayos que lo entrevistaron, que los consumidores deberían obligatoriamente exhibir la cédula de identidad para comprar marihuana y presentar las colillas de los cigarrillos ya fumados.

Lo de devolver los “puchos” causó en su momento mucha gracia; pero probablemente, lejos de estar en el proyecto, haya sido algo que Mujica sacó de la galera. Tal vez esa idea se le ocurrió al entonces presidente en el momento y mientras hablaba, como forma de asegurar a sus colegas que la novedosa marihuana “oficial”, no se traficaría hacia los países vecinos.

Es difícil imaginar una forma más improvisada de gobernar y una visión de país más “de almacén”.

Finalizada esa administración, volvió a la presidencia Tabaré Vázquez, confirmando en sus carteras a los dos ministros mencionados.

Fernández Huidobro falleció en el ejercicio de su cargo en agosto de 2016. Bonomi continuó como ministro del Interior hasta el final del período y la inseguridad continuó en constante aumento hasta el final de su actuación.

La izquierda “progresista” ha demostrado ser blindadamente homogénea a la hora de gobernar. Luego de más de 30 años al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo y de 15 años en la Presidencia de la República, eso ha quedado claramente demostrado y vale para todos sus aciertos y todos sus errores.

El análisis y autocrítica de una gestión fracasada que llevó a una derrota electoral que sus gestores jamás imaginaron, parecía ser el compromiso ineludible y que sus bases reclamaban.

Muy lejos de esa opción, su papel de oposición se concentró principalmente en intentar derogar artículos de una Ley de Urgente Consideración, que a poco más de un año de haber sido promulgada en plena pandemia, ha logrado bajar los índices delictivos que los anteriores gobiernos frenteamplistas intentaron disminuir hasta con marihuana, sin lograrlo.

Consideramos que el hecho de haber podido reunir una cifra muy elevada de firmas para lograr la convocatoria al referéndum, no asegura en absoluto la derogación buscada.

Por el contrario, podría ser una especial ocasión de demostrar que una cosa es firmar con la presión y coacción de dirigentes políticos y sindicales exigiendo ese respaldo, y otra muy distinta la voluntad que cada ciudadano quiera honestamente expresar en la intimidad del cuarto secreto, libre de imposiciones.

Llegó la hora de la verdad.

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