Cuando Alexis de Tocqueville allá por 1835 publicó su famoso libro La Democracia en América, basó su análisis en el estudio comparativo de la forma de gobernar entre su Francia natal y los Estados Unidos de Norteamérica.
Una de las conclusiones más célebres a las que arribara, entre las muchas que abundan en su obra, da cuenta de que mientras en América los problemas sociales y comunales se enfrentaban con asociaciones privadas, en Francia se intentaba hacerlo creando nuevas comisiones estatales.
En América se resolvían rápidamente, mientras que en Francia se volvían costosos y eternos.
Tocqueville jamás imaginó que ese fenómeno pudiera evolucionar en democracia y en manos de políticos de muy diversas tendencias, hasta llegar a los niveles de estatismo que hoy se admiten como “naturales” en Uruguay.
Y es que en este país y casi doscientos años después, todos los precandidatos presidenciales con posibilidades de alcanzar la presidencia o de influir fuertemente en un próximo gobierno, están de acuerdo en la creación ya no de una comisión, sino de un nuevo ministerio.
Al parecer existen temas relacionados con derechos humanos, justicia, Fiscalía, seguridad, cárceles, etc., que no se han logrado optimizar y hasta se han deteriorado en cuarenta años de democracia. Vista esta situación, en vez de revisar y recortar gastos donde no ha existido eficacia para reordenar la situación, se busca patear la pelota para adelante creando un nuevo organismo estatal, nada menos que un nuevo ministerio.
Es lamentable que los tres poderes del Estado no logren armonizarse y gobernar resolviendo los reales problemas del país y que todo parezca resumirse en anunciar intenciones de cambio a futuro generando más gasto público, ahogando cada vez más al sector privado y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que no soportan más trabas burocráticas e impuestos.
En vez de programar la creación de nuevos ministerios, deberían analizar la posibilidad de empoderar a la ciudadanía para que pueda premiar o castigar la trayectoria de cada representante, permitiendo la elección directa con independencia del lugar que estos ocupen en la lista o del partido al que pertenezcan.
Ese “esfuerzo intelectual” de nuestro sistema político resultaría muy económico y redundaría en grandes beneficios para la ciudadanía.
Es evidente que quienes hoy proponen crear un nuevo ministerio perderían de esa manera poder y arriesgarían su continuidad en el sistema. También dejarían de consolarse entre sí y de congratularse al coincidir anunciando disparates para perpetuarse en el poder.
Pero un cambio tan simple como económico, haría perder sentido a la creación de nuevos espejismos – como el de crear nuevos ministerios – que terminen desgastando el ánimo social y poniendo en riesgo la continuidad del estado de derecho.
Las listas sábanas serían historia.
Con su eliminación, la libre elección de representantes daría transparencia y eficacia al Estado, so pena de recambio a la siguiente elección de no visualizarse claramente la concreción de los resultados prometidos y esperados por los votantes.
Vale la pena analizarlo.
