Sobre la flexibilización a la venta de cigarrillos

El Poder Ejecutivo emitió en la primera semana del mes de septiembre una serie de modificaciones a la normativa impulsada durante el gobierno de Tabaré Vázquez, en la cual se regulaba el empaquetado y el etiquetado de cigarrillos. La norma en cuestión es el Decreto 282/022 en la cual se sustituyen los artículos 7,8 y 10 del decreto 120/019 del mes de abril de 2019.

¿Cuáles son a grandes rasgos las modificaciones realizadas? Se habilita que el paquete de cigarrillos no sea de cartón, cuando en la normativa original, a título expreso, solo se podía utilizar dicho material quedando prohibidos los restantes. Adicionalmente, y por lógica, al habilitarse cualquier tipo de material para su uso, el cierre del paquete también fue reglamentado, o mejor dicho desregulado, eliminando la obligatoriedad de que el mismo sea del tipo “flip top”. Continuando con el empaquetado, el envoltorio del cigarrillo, que anteriormente debía ser únicamente de papel blanco liso, prohibiendo logos, diseños, leyendas, inscripciones y escrituras, ahora podrá incorporar elementos distintivos con el fin de determinar la autenticidad del producto. La última modificación destacable es que en el cigarrillo propiamente dicho se pueden incorporar la identificación de la marca, en contraposición con la normativa anterior en la cual se establecía que no se podían incorporar leyendas, inscripciones ni ningún elemento que identifique a la marca ni decorativo.

Los argumentos esgrimidos en el propio decreto los podemos dividir en tres bloques: el primer bloque establece que la comercialización exclusiva de la cajilla “dura” desplaza a cualquier otro empaquetado, y estos últimos terminan siendo importados de contrabando y siendo fuertes competidores del mercado legal; el segundo bloque establece que “el ingreso de cigarrillos y su contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la administración en cuanto a su erradicación”, esto lo que deja de manifiesto es que lo mas importante es el aspecto recaudatorio y lo reafirma por el hecho de que atenta a las políticas públicas para erradicar el contrabando; y el tercer bloque establece que a partir de la legalización del paquete “blando” se podrá identificar a quienes comercializan el producto falsificado y de contrabando quienes serán pasibles de sanciones.

Resulta muy válido querer traer hacia la legalidad a un mercado que se termina manifestando, por las propias restricciones, desde la ilegalidad. El problema se da cuando claramente el fin no es el de preservar la salud de las personas (vaya contradicción si del cigarrillo hablamos),  fomentando la migración de un producto cuyo origen no se conoce, hacia uno que se encuentra regulado por el Ministerio de Salud Pública ,sino que el afán es netamente recaudatorio. No podemos negar con el diario del lunes que el legado cultural del anti tabaquismo promulgado por el gobierno de Tabaré Vazquez resultó beneficioso y contribuyó hacia un desestimulo del consumo y una revalorización de la convivencia del respeto al otro, a pesar de que quien escribe no considere a las prohibiciones el medio mas apropiado. Tampoco podemos pretender que las normas que recaen sobre hechos particulares y en este caso, sobre un mercado en particular, permanezcan incambiadas porque el propio mercado y por ende, la voluntad de cada uno de los individuos que participan en el, van cambiando con el tiempo. En ese sentido, si las restricciones existentes generaron el desarrollo de un mercado ilegal sobre el cual no se tiene control y la normativa no acompaña esos movimientos, las normas terminan regulando, y capaz de forma muy eficaz, solamente a un árbol en medio de un bosque. Lo que si vale destacar, es que por encima de las políticas educativas anti tabaco realizadas, el Estado continuamente busca fuentes de recaudación, en su momento a través del aumento de impuestos al cigarrillo para desincentivar el consumo y hoy en día, irónicamente, se quiere aumentar el consumo del producto legal con el mismo objetivo recaudatorio.

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