Vigencia del voto secreto

Hace algunos días se aprobó en el Senado el registro de personería jurídica de organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Hasta el momento, la personería jurídica de un club social, cultural u otro tipo de asociaciones civiles, se registraban en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que ejercía el papel de contralor y resultaba muy eficaz en sus funciones.

Estos nuevos registros aprobados, se registrarán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con lo cual habrá que hacer un seguimiento de resultados para ver hasta dónde un organismo tan politizado como el MTSS logra organizarse para realizar el registro y ejercer el contralor.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, explicó en declaraciones al diario La Mañana, que su partido acompañó el proyecto de ley, aunque lo considera “rengo”, debido a que no se aprobaron todos los puntos que su fuerza política pretendía, uno de los cuales era el del voto secreto.

En ese sentido, expresó que: “El voto secreto en este país tiene una legitimidad que nadie discute, pero no es exclusivamente política, sino también social. De hecho, ejemplificó que, en una asociación de barrio, en una comisión de fomento, en un club de fútbol, generalmente las elecciones son con voto secreto.”

Por otra parte, agregó: “Hay legitimidad incluso en lo laboral, puesto que la Ley 13.720, que creó la Coprin (Comisión de Productividad, Precios e Ingresos) durante el gobierno de Pacheco, tiene una disposición que no ha sido derogada y facultaba a esa comisión a convocar por voto secreto a los trabajadores, a efectos de que se pronunciaran sobre la legitimidad de una huelga. Esa disposición está vigente, el derecho no se deroga simplemente por el desuso, entonces, el voto secreto en materia laboral ya tiene legitimidad”.

Desde Libertad Responsable nos hacemos eco del reclamo del senador cabildante, por implantar la exigencia del voto secreto en todos los ámbitos en los que sean electas autoridades representativas. Eso es parte esencial de la vida democrática a la que nadie debe renunciar.

No obstante, entendemos que podría tener un error al considerar “vigente”, una disposición de una Ley derogada, el cual sería muy positivo aclarar.

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