Veinticinco años después de presentada la demanda en julio de 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, condenó por unanimidad al Estado argentino por su responsabilidad en el caso vinculado con el atentado a la AMIA acontecido el 18 de julio de 1994.
Uno de los puntos más importantes de la sentencia indica que: “El Estado removerá todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del presente caso y establecer la verdad de lo ocurrido, todo ello en un plazo razonable”.
Señala además que: “Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación. Además, se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados”.
Desde Libertad Responsable, sin dejar de lamentar los hechos, así como las dilatorias y trabas intencionales promovidas desde el Estado para impedir la actuación de la justicia, aplaudimos que finalmente se haya plantado un mojón a partir del cual poder avanzar para terminar con la impunidad. Es la única manera de evitar que de aquí en más, crímenes similares puedan volver a concebirse, planificarse y mucho menos efectuarse.
