Gran repercusión causó la suspensión de la vacunación contra el COVID-19 en niños menores de 13 años, a partir de la determinación del juez Alejandro Recarey. La misma permanecerá hasta que se cumplan con determinados aspectos como la publicación de los contratos de compra de las vacunas, se comunique la composición de las sustancias a inocular, y se elabore un texto destinado a los responsables legales de los niños que contenga la composición de las sustancias, los beneficios y riesgos, y los efectos adversos que ya se hayan detectado.
Dicha resolución fue criticada por sectores políticos, médicos y académicos. El Ministro Daniel Salinas salió a defender la gestión de la vacunación, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira respaldó la posición del gobierno luego del fallo judicial, el Colegio Médico del Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay, autoridades y docentes de la Facultad de Medicina de la UDELAR y mas actores se manifestaron en contra de la resolución del juez Recarey.
Recarey indicó que “no se involucra en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacuna a menores” y que en realidad el gobierno debe presentar toda la información al interesado.
Resulta complicado entender la óptica de una suspensión de una vacunación cuando el motivo no tiene en cuenta ni los riesgos ni beneficios per se, de la vacunación a menores de 13 años. Si estuviéramos hablando de una línea argumental desde el punto de vista científico y demostrando el perjuicio de vacunarse, sin duda tendría mucha mas solidez.
Estoy de acuerdo sí, que la diversa información de carácter científico y de interés de los usuarios, tiene que estar disponible para toda aquella persona que lo requiera y le sea relevante para la toma de decisiones. Esta necesidad se vuelve mas importante justamente cuando las personas son las que terminan decidiendo si inocularse o no ya que en ningún momento fue obligatorio.
Lo que no podemos desconocer es el avance que ha generado la vacunación tanto a nivel local como internacional en la lucha contra el COVID-19, la suspensión de la vacunación termina siendo por acción, un menoscabo a la libertad de elección del representante legal del sujeto de vacunación, en este caso, los niños, y además, un problema de salud pública por todos aquellos niños con comorbilidades para los cuales transitar la enfermedad del COVID-19 puede tener riesgos, inclusive de vida.
