“No estoy de acuerdo con el título de que ‘el que rompe paga’, eso es un disparate».
Con esa frase reseñada por el diario El País hace algunos días, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Fernando Mattos, señalaba en radio Carve su discrepancia con el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, quien habría planteado la posibilidad de estudiar el cobro de un tributo por el uso continuado de transporte de carga y consiguiente desgaste de la caminería rural.
El ministro considera que quien genera riqueza ya está pagando por otras vías y que tenemos demasiada carga tributaria para generar otras. Considera que quien trabaja debe ser “premiado” recibiendo los servicios correspondientes del Estado en aspectos logísticos e infraestructura razonable la cual, según afirma, es deber del Estado proporcionar.
Luego habló de discutir “mecanismos de financiación” partiendo de la base de que “castigando a los que producen no es el camino justo”.
Al tiempo que afirmó que la forestación ha invertido mucho en caminería, reconoció que existe un compromiso de las forestales de reconstruir los caminos por los que transita dado que más del 50% de la carga agropecuaria que transita es forestal.
Entendemos la inquietud del ministro al reconocer que existe demasiada carga tributaria y tratar de evitar que la misma aumente. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, no entendemos su desacuerdo con la idea de que quien rompe paga.
El costo de la construcción y mantenimiento de la caminería requerida para el transporte de cualquier producción agropecuaria es real y debe estar incluido en los costos a la hora de analizar cualquier modelo de negocio que pretenda ser objetivo.
Si partimos de la base de que es deber del Estado proporcionar los aspectos logísticos y la infraestructura para cualquier producción agropecuaria o industrial, corremos el riesgo de terminar subsidiando a sectores privilegiados y elegidos a dedo por el gobierno de turno, con fondos que serán desviados de otro sector y cargados a la cuenta que pagamos entre todos.
Otro es el caso de la obligación del Estado de dotar incluso a los pueblos más alejados de los servicios e infraestructura necesaria para su traslado, comunicación y permanencia. Esa inversión “social” si es justo que sea pagada entre todos.
Quien transporta carga pesada por cualquier carretera, lo hace con el fin de obtener un beneficio. El cálculo del costo del transporte debería incluir el pago de un peaje en justa relación con el uso realizado, compensando el desgaste que esa circulación provoca a la carretera. Corresponderá a los transportistas y a los productores revisar la forma de repartir esos costos, pero no sería justo que se terminaran pagando entre todos a través de un subsidio indirecto como sería la construcción o reparación de un camino que se destruye aceleradamente con la permanente circulación de cargas pesadas.
A pesar de los esfuerzos del ministro por victimizar a ciertos sectores, lo justo en materia de caminería rural parecería ser aquello de que el que rompe, paga.
