La Intendencia Municipal de Montevideo volvió a aumentar la contribución inmobiliaria.
Siguiendo la tradición instaurada por Tabaré Vázquez en 1990, hace más de treinta años, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez en Montevideo, el gobierno municipal castiga al barrer según la zona de ubicación de la propiedad, bajo la demagógica consigna de que pague más el que tiene más.
Creen que eso hará sentir a quienes no tuvieron aumentos, que son beneficiados por una administración que los “protege”. Pero esta vez, la jugada podría tener un resultado distinto a lo planificado.
En 1990, muchas familias se mantenían viviendo en Carrasco porque así lo habían hecho por varias generaciones. En sus orígenes, ese barrio era un balneario de difícil acceso, donde convivían grandes mansiones con casas muy sencillas, algunas hasta construidas con chapas.
Justamente esos, lo más humildes habitantes de Carrasco, plenamente integrados al barrio y la sociedad, tuvieron que vender sus propiedades para trasladase a barrios periféricos, por no poder hacer frente a los nuevos impuestos municipales.
Curiosamente, pasados treinta años, si se realizara una encuesta de población que arrojara la tendencia política de quienes viven en esa zona, el Frente Amplio destacaría por la gran cantidad de sus integrantes que, durante los años de gobierno nacional y departamental de ese sector político, se mudaron o se mantuvieron allí.
Desde Libertad Responsable, consideramos que, más allá de lo demagógico, gobernar a impuestazos demuestra la incapacidad de cualquier gobierno para administrar. Muestra además una cierta predisposición a la imposición y el abuso, que debería preocupar.
Cualquier ciudadano sabe que, si el presupuesto familiar o personal no alcanza, los gastos deben reducirse para evitar un descalabro.
Algunos gobernantes no parecen razonar de esa manera.
Sin embargo, cuando se administran bienes ajenos como es el caso de quienes hoy gobiernan el departamento de Montevideo, quienes gestionan esa administración, tarde o temprano, deberían rendir cuentas de su accionar.
Así funciona – o así debería funcionar – la democracia.
