Lo acontecido esta semana en relación con Cabildo Abierto, partido integrante de coalición de gobierno, marca un punto de inflexión en el proceso democrático uruguayo.
Vinculado con las Fuerzas Armadas con las que se relacionan varios de sus integrantes o dirigentes, ese grupo se incorporó a la política con un discurso conservador y nacionalista, aderezado con ciertos matices populistas.
El novel partido supo transmitir su mensaje en las elecciones de 2019, al punto de lograr en su primera elección tres senadores y once diputados electos, lo que le significó la obtención de más de cincuenta cargos de confianza en el gobierno.
Haciendo públicas sus diferencias con el resto de la coalición, los cabildantes han planteado en diversas oportunidades sus discrepancias y esa actitud alcanzó su punto más candente hace algunos días.
Un enfrentamiento muy poco protocolar de ese partido con el Poder Ejecutivo concentró la atención de todo el país y recordó etapas previas al golpe de Estado de 1973 que parecían completamente superadas. El catalizador de dicha situación resultó ser el pedido de renuncia que el presidente de la República hiciera a la ministra de vivienda Sra. Irene Moreira, esposa del líder cabildante Guido Manini Ríos, por motivos que no viene al caso reiterar en este espacio.
Desde Libertad Responsable, entendemos que las discrepancias hacen a la esencia misma de la democracia. Sin embargo, consideramos que, contando con más de cincuenta cargos de confianza en el gobierno, amenazar con retirarse de la coalición por discrepar con lo resuelto por el presidente, no ha sido una actitud bien razonada.
Obviamente, no nos corresponde a nosotros juzgarla y tan solo nos limitamos a analizar la situación y dar nuestra opinión. Serán los ciudadanos que en 2019 fueron votantes de Cabildo abierto y otros muchos que podrían llegar a serlo y hoy observan su accionar quienes, llegado el momento, lo avalen o sancionen.
Es así como se resuelven las cosas en democracia.
