Un artículo publicado hace algunos días en El Observador que lleva la firma Carla Colman, informaba sobre el avance en el parlamento uruguayo de la denominada Ley de Talles.
El proyecto, que cuenta con el aval de diversos sectores políticos, pretende responder a los reclamos de un alto porcentaje de ciudadanos que, por diversas razones, consideran que los talles estándar de ropa ofrecidos por los comercios del ramo de la vestimenta en general, no suelen cubrir sus necesidades o requerimientos.
La intención política sería la de encontrar una forma de “encausar” el mercado, para lograr una oferta generalizada de los referidos productos que satisfaga las necesidades de todos. La publicación de recientes encuestas que habrían demostrado un alto índice de disconformidad de mucha gente a la hora de encontrar un atuendo adecuado a sus necesidades, podría haber sido el catalizador que puso en marcha el proyecto.
Que varios partidos se hayan puesto al unísono de acuerdo, es algo que llama la atención. Pero al revisar las cifras que estarían arrojando las encuestas, es evidente que junto con demostrar preocupación por resolver el problema de quienes lo padecen, preocupa y mucho la cantidad de votos que esos ciudadanos representan.
El proyecto se encamina a regular el mercado en materia de vestimenta.
En tal sentido y siempre según el referido artículo, propone realizar un estudio antropométrico de la población con actualización cada diez años, con la finalidad de establecer “una tabla de talles acorde a la corporalidad real del mercado.”
Por otra parte, plantea que: «Los establecimientos comerciales de venta de vestimenta deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a consumidores evitando situaciones discriminatorias, vergonzantes o intimidatorias». Es decir que, si hasta ahora éramos los consumidores quienes teníamos la libertad de elegir dónde comprar exigiendo por ese medio la buena atención que cualquier comerciante sabe que debe brindar para no ir a la quiebra, ahora sería el Estado quien se encargaría de determinar quién nos atiende bien y quién no.
A tal efecto, el proyecto señala que “el contralor estará a cargo de la Unidad de Defensa del Consumidor y las multas y sanciones por incumplimiento serán incluidas en la reglamentación de la ley.”
Por si todo esto no fuera suficiente, también prevé la creación – cuando no – de una “Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta, integrada con representación del Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, INEFOP, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Industrial de la Vestimenta, Cámara de Diseño Uruguay y organizaciones no gubernamentales, cuya finalidad sea la promoción y defensa del derecho a la vestimenta».
Cabe aquí recordar lo que señalara Ramón Díaz: “En el Uruguay a usted se le cae una semillita de burocracia y le brota un bosque.”
Es indudable que todos los habitantes de este país tienen garantizado el derecho a la vestimenta. La multiplicación de los grandes centros comerciales y la llegada al país de diferentes marcas de ropa internacionales que se ha producido en las últimas décadas, son prueba fehaciente de cómo el mercado va siendo evaluado y analizado por quienes deciden venir a invertir en el Uruguay.
Todo obstáculo, impuesto, multa o afectación a una actividad comercial normal, podría derivar en dos posibles consecuencias:
1) El incremento del precio final que paga el consumidor.
2) El retiro de plaza de aquellos inversionistas que puedan sentir afectados sus intereses.
Es claro además que si existen nichos de mercado que requieren atención y los legisladores son conscientes de ello, bastaría con otorgar beneficios fiscales especiales por un período determinado a quienes decidan dedicarse a esos rubros. Veríamos rápidamente surgir comercios dedicados a cubrir esas faltantes, si es que en realidad existen.
Ya en el siglo XVIII, Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, señalaba que el mercado, cuando opera de manera libre y sin interferencias, tiende a funcionar en forma eficiente y a generar beneficios para la sociedad en general.
Afirmaba que, si los individuos se especializan en tareas determinadas – como sería en este caso la oferta integral de talles especiales con prendas acordes con la moda o lo que marque la exigencia del público consumidor – el intercambio de los productos genera eficiencia y crecimiento económico.
El Estado debe estar presente garantizando la libre competencia para evitar que, en un mercado como el nuestro, se pudieran establecer prácticas monopólicas u oligopólicas que terminen favoreciendo a grupos económicos determinados.
Pero no es más Estado sino mayor libertad lo que reclaman tanto comerciantes como consumidores.
Es evidente que, si la falta de talles en las tiendas es un problema por resolver, la ausencia de autores como Adam Smith en las bibliotecas de los legisladores, también lo es; y mucho más difícil de solucionar.
Se trata nada menos que de un inconcebible vacío cultural.
El sistema político uruguayo, en general, no termina de comprenderlo.
