En un plan piloto, el MIDES entregará una prestación económica de $2.000 a privados de su libertad una vez que salen de prisión, con el fin de reducir la reincidencia. El 20% del monto de la prestación tendrá como fin el uso en boletos de transporte, y el 80% de libre usufructo por parte del beneficiario.
Vayamos por partes
Las cárceles, que deberían ser un lugar, no solamente para cumplir una pena por el delito cometido, sino como un ámbito para recuperar a las personas para evitar que una vez en libertad vuelvan a cometer hechos delictivos, no termina de solucionar éste último.
No solo eso, sino que pareciera ser que, para el gobierno actual, la contraprestación de $2.000 mensuales vendría a solucionar el problema que en todo el período en el que estuvo recluido, el sistema no lo logro hacer. Si logra ser la solución definitiva, sería de carácter cuasi milagroso.
¿por qué razón entendemos que el asistencialismo es la madre de todas las soluciones? En todo caso, si así fuera, entonces tendríamos que hablar del precio: cuanto mas dinero se entrega mas problemas podrá solucionar el beneficiario, sea de alimentación, transporte, educación, salud, etc. Por otro lado, cuanto mas dinero se entrega, mayor incentivo se le da para que genere y se mantenga en la situación que lo hace beneficiario de la prestación. Razonándolo por el opuesto, para que no termine siendo un incentivo para adoptar prácticas socialmente no adecuadas, podría entregarse una prestación económica lo suficientemente baja para que no pueda solucionar ninguno de sus problemas, situación que también tendría efectos socialmente no aceptados. De ninguna de las formas se soluciona el problema porque el asistencialismo no lo soluciona. Los $2.000 entregados parecerían estar mas cerca del segundo caso que del primero.
El artículo 145 del proyecto de Rendición de Cuentas prevé subir las penas mínimas y máximas para delitos de homicidios. Las penas mínimas pasan de 2 a 6 años, y las penas máximas de 6 a 18 años.
Pese a las críticas del proyecto, fundadas, por cierto, basadas en las tasas bajas de resolución de conflictos, en que ya se hizo y los delitos no bajaron, hay que tener en cuenta que, en nuestro país, el 70% de los reclusos que salen en libertad, reinciden.
Entonces sería fácil pensar que, en realidad, la rápida liberación propicia la reincidencia. Cuánto mas rápido sale en libertad de cada delito, más veces se reincide.
Lo que hay que tener en cuenta, es que, si el precio a pagar por cometer un delito es bajo, más delitos se cometerán.
Hay otros factores en juego, la sobrepoblación en las cárceles y la capacidad de procesamiento de las causas.
No tenemos que tenerle miedo a construir mas cárceles, el sistema judicial y el foco de la administración de justicia tiene que estar del lado de las personas de bien que contribuimos con nuestros impuestos a solventar el sistema. Que exista sobrepoblación en las cárceles no puede ser de ninguna forma, un argumento para excarcelar, implementar penas de menor tiempo, o incluso como disparador, durante la pandemia por parte del gobierno argentino de Alberto Fernández, para la liberación de más de 4.500 presos con el fin de evitar contagios. Si hacen falta mas cárceles que se hagan, si hacen falta mas jueces, tribunales, abogados o personal diverso en la administración de justicia, que se incorpore.
La justicia y la protección de la ciudadanía es una de las pocas y fundamentales funciones que desde esta concepción le pedimos al Estado y pretendemos que la haga de la mejor manera.
