En los últimos días diversos portales de noticias se hicieron eco de los resultados económicos de UTE y ANCAP que publicaron sus Estados Financieros e informes de auditoría.
Dichos entes autónomos, establecidos en el país y con una historia que supera el centenario en el caso de UTE y en breve lo alcanzará como es el caso de ANCAP, fueron concebidos por diversas razones, sean económicas, políticas o sociales, y dotados con el carácter de empresas monopólicas en sus respectivos mercados.
Dentro de las razones mas fuertes que hoy se mantienen para que dichas empresas sigan de carácter publico y monopólico, son las sociales, y en particular, en referencia al rol social que ocupan dichas empresas. Cuando nos referimos a cuál es su rol social, podemos entender que se refiere al bienestar que genera su accionar en la sociedad en su conjunto, sea universalizando su acceso, que el mismo sea a un precio que todos lo puedan pagar, y que sea un producto o servicio de calidad.
De hecho vale destacar un siglo después, que el acceso a la energía eléctrica y fósil es vital para nuestra vida cotidiana en tanto que es partícipe del desarrollo económico y social de las personas y empresas en general. Pero lamentablemente, con el correr de los años, el uso y la gobernanza de dichas empresas se ha desvirtuado, y probablemente, alejado de la intención y el espíritu con la que fueron creadas.
Las empresas públicas han sido objeto de uso por parte del sector político para hacer clientelismo sobredimensionando las estructuras, fuente de corrupción para beneficio propio o de ajenos y aprovechamiento del mercado monopólico para fijación de precios y calidades de productos y servicios.
Entonces, ¿Es válido otorgarle a las empresas publicas un rol social trascendente? Sí lo es, lo que tenemos que evaluar es cual es el precio que estamos dispuestos a pagar para que cumpla el rol social, sin ir mas lejos, ANCAP venía de arrojar pérdidas consecutivas en años anteriores, y de hecho en el mercado donde opera de forma monopólica lo sigue haciendo. Esas pérdidas que arroja el ente, si no son compensadas por ganancias de otra unidad de negocio, las termina absorbiendo el pueblo uruguayo con sus impuestos. Ahora pensémoslo a la inversa, supongamos que en el mercado donde opera en carácter monopolico diera utilidades positivas, ¿podría ser el caso que los consumidores estén pagando un sobre precio por hacer uso de su posición dominante?. Estoy de acuerdo que si la razón de ser de una empresa pública es estrictamente un fin social, no sería válido perseguir un resultado económico, como sucede con las organizaciones sin fines de lucro, y menos juzgarlas en función de si arrojan pérdidas y ganancias, ahora bien, el peligro de esta situación es que tanto las pérdidas como ganancias tienen impactos en los precios que pagan los consumidores que no tienen como optar a quien comprarle, o sobre los impuestos que tampoco tienen la opción de pagarlos o no.
Esto deriva en que el consumidor y/o el contribuyente, sean rehenes de las políticas llevadas a cabo por la gobernanza del ente, y pierda lo mas preciado que es su libertad de elegir a costa de mantener un caprichoso y costoso mercado monopólico.
Usted pensara que estoy en contra de las empresas publicas, y nada está mas lejos de la realidad, de lo que sí estoy en contra es de la ineficiencia, de los sobreprecios, las restricciones a la libre elección de los consumidores y mas que nada de los monopolios sean del carácter que sean, públicos o privados.
Si bien es muy loable la persecución de fines sociales puros, tenemos que tener en cuenta que la gobernanza de los entes y el sector político, deben ser responsables en el uso del dinero de los contribuyentes, velar por ser eficientes y la libre competencia y ser económicamente autosustentables.
