Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa conocida como “Vialidad”. Una causa que involucra a la vicepresidenta Argentina de haber estado al frente de una asociación ilícita con el fin de desviar fondos del Estado hacia contratos de obras viales en la Provincia de Santa Cruz con el fin último de obtener beneficios personales y de terceras partes. Según la querella, las obras viales relacionadas a dichas contrataciones tenían sobreprecios, quedaron incompletas o eran innecesarias.
No será el objetivo de éstas líneas analizar la causa ni mucho menos, sino mas bien el “marco político” que lo rodea.
Lo mas llamativo, y que no ocurre solo en Argentina sino en la región, es la postura de varios sectores políticos y referentes quienes se encuentran del lado defensor de la vicepresidenta del país vecino. Y en este sentido es que encontramos el concepto de Lawfare. El Lawfare (contracción de las palabras law – “ley” y warfare – “guerra” ) hace referencia a la utilización del sistema judicial de un país con fines políticos por encima de los judiciales. Esto se enmarca en que tanto el sector político de Cristina Fernández, Frente de Todos, como figuras políticas de la región como Rafael Correa, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Evo Morales, el Grupo de Puebla y el Partido Comunista Uruguayo se refieren a este pedido de los fiscales Luciani y Mola, como un caso de Lawfare con el objetivo de inhabilitar a Fernández de las próximas elecciones y generando una persecución política, mediática y judicial.
Tenemos varios problemas, partamos de la base que el sistema judicial es uno de los poderes fundamentales, y se basa en principios como la imparcialidad, independencia, objetividad y probidad. Si en tal caso, esos principios no existieran o se encontrasen debilitados, el propio valor del sistema judicial no tendría sentido porque su objetivo no sería en línea al cumplimiento de la Ley. El otro problema que existe, es que si los propios actores y sectores políticos acusan al sistema judicial, y en el caso particular de la causa contra Cristina Fernández donde no existe una sentencia sino un pedido por parte de fiscales, de que se encuentra “influenciado” por la política, son ellos mismos en todo caso también, quienes terminan ejerciendo presión sobre el sistema menoscabando los principios anteriormente mencionados. Análogamente sucede con la otra parte, si las manifestaciones de actores y sectores políticos se realiza de la misma manera con el signo político opuesto, la consecuencia termina siendo la misma.
Lo mas lamentable del manejo de esta situación, es que el sistema político pretende solucionar sus problemas políticos a través de la justicia, cuando cada uno de ellos los tiene que solucionar por su lado. Si el pedido de los fiscales resultase en una condena y está probada, quienes no estén de acuerdo tendrán sus recursos judiciales pertinentes y en caso de no dar a lugar deberán adecuarse a las consecuencias. Pero lo que no puede suceder, es que la política y sin importar el signo, debilite el sistema que da derechos y garantías a los ciudadanos
