La polémica se instaló en torno al juicio político que se está gestando por parte de bancada de ediles de la coalición hacia la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.
Las razones por la cual los ediles de la coalición propugnan por un juicio político las describimos a continuación.
La primera es, que la Intendenta Cosse no asistió a un llamado a sala del día 07 de octubre cuyo motivo de citación fue por la ausencia de respuesta a los pedidos de informes. Para la bancada de ediles, el motivo por el cual fue llamada a sala, la obliga legalmente a presentarse personalmente y no por medio de un representante.
La segunda es, que amen de la no presencia en el llamado a sala, no resulta ser un hecho aislado, sino que la Intendenta ha tratado de evitar “todos los mecanismos de control” con los que cuenta la Junta Departamental, en estos dos años de gobierno de Cosse.
La tercera es, que la Intendencia de Montevideo argumentó que la Intendenta no se presentó al llamado a sala porque ya se habían contestado todos los pedidos de informes, y los ediles argumentaron que al día 8 de setiembre, que fue cuando se votó el llamado a sala, existían mas de 30 pedidos de informes sin contestar.
La última razón es, que los ediles consideran que las formas y plazos en los que se contestan los pedidos de informes no son los correctos y generan un problema en la gestión del contralor.
Para algunos actores políticos de la coalición es una causa perdida, “una discusión estéril” y que “no va a prosperar”, por el simple hecho de que será en la Cámara de Senadores donde se discutirá si hace lugar o no el juicio político. Para otros, y tambien de la coalición, se trata de una “barbaridad”, una “locura”, un “error de apreciación política”, y un efecto “boomerang” que puede recaer en el día de mañana en los 15 Intendentes que tiene el Partido Nacional en el resto del país.
Primero que nada, la institucionalidad siempre tiene que estar por encima de la política.
Si es una discusión en vano porque la promoción del juicio político no tendrá cabida en la Camara de Senadores y Diputados, es parte de la institucionalidad, y los representantes designados en tales tareas podrán apoyar la promoción o no, lo que no podemos pensar es que, como no se va a aprobar, entonces no hagamos nada. Lo importante por parte de los ediles al momento de comenzar con el proceso del juicio político, es que tenga sustento legal, y que tenga sustento legal es comprobar que la gestión de Cosse falla realmente en los aspectos que ellos argumentan.
Promover un juicio político no es ningún cuco, es darle una cachetada al gobernante para que haga su actividad ajustada a las normas, independientemente de que prospere o no, es una herramienta válida y legal.
La consideración de que sea una “barbaridad”, “locura” y un “error de apreciación política” es resultado de una manera de pensar de que lo mas importante es la política, esto significa, por ejemplo, que si tuviera un motivo valido para emprender una acción como un juicio político, no lo haría, mas por conveniencia propia que por promover la práctica correcta. Es poner a la política por encima de todo.
Por último y para no dejarlo pasar, un juicio político se inicia con un sustento que la normativa ampara, y para eso fue diseñado. En lugar de preocuparse por el costo político que pudiera tener el efecto “boomerang” sobre los intendentes del Partido Nacional, sería mas prudente, eliminar los argumentos que propicien este efecto, y esto es, hacer las cosas como corresponden, en lugar de pedir que no hagan olas para que la ola no los tape.
