El día 27 de abril se publicó una noticia en El Observador donde el experto en seguridad social, Rodolfo Saldain, advirtió sobre la situación económica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y al día siguiente, en el Semanario Búsqueda, se publicó una noticia referida al a la reforma pendiente de la seguridad social. Estas noticias sobre las diferentes instituciones de sistema de repartos se suman a la situación comprometida que tiene la CJPPU, a la que le dedicamos unas líneas en una publicación anterior.
En la noticia publicada por Búsqueda del día 28 de abril, se hace énfasis en la problemática que existe para la aprobación legislativa de la reforma porque los representantes de la oposición no la votarían, y los representantes del oficialismo no estarían dispuestos a aprobarla solo con sus votos por el costo político que representa. El costo político, no es ni mas ni menos que las consecuencias que puedan tener las medidas de cara a las próximas elecciones. El asunto es que el problema de la seguridad social no es nuevo, hagamos un poco de historia. Sobre finales del siglo XIX, se instaló en Alemania el primer sistema de reparto que luego fue replicado con variantes en todo el mundo. El mismo constaba de un aporte obligatorio que recaía sobre trabajadores, empleadores y el Estado, aunque lo particular de ese modelo inicial de sistema previsional, era que los beneficiarios podían recibir su prestación de retiro a partir de los 70 años y la esperanza de vida era 43 años para hombres y 47 años para mujeres, lo que se podrá imaginar, que no era ni más ni menos que una estafa.
En todos esos años de historia, los sistemas de reparto pasaron de ser una fuente de recaudación a estar quebrados continuamente, por un lado, porque las tasas de natalidad han ido bajando, y por ende los aportantes al sistema, y la esperanza de vida ha ido en aumento. Además, a lo largo de la vida laboral de los contribuyentes se les cambia las condiciones de forma arbitraria para que el Estado pueda hacer frente a las obligaciones económicas que se le presentan, por ende, el sistema no es económicamente sostenible.
El sistema de reparto no supone ningún ahorro ni inversión para el aportante, sino que se destina al pago de las prestaciones de otra persona y la naturaleza es similar al de un esquema piramidal. En un esquema piramidal, los que ya aportaron su dinero, obtendrán sus beneficios cuando integren a nuevas personas al sistema, en el caso del sistema de reparto, el Estado hoy obliga al contribuyente a realizar el aporte para darle el dinero a otro con la promesa de que cuando llegue a su edad de retiro, conseguirá a otros contribuyentes que aporten para la jubilación del primero. ¿y que sucede cuando ya no se consiguen nuevos aportantes? El sistema quiebra como cualquier esquema piramidal y los últimos aportantes no reciben nada.
Volviendo a la noticia publicada por Búsqueda y en particular al “costo político” de aprobar la reforma, el asunto va más allá de que el oficialismo busque la aprobación de la oposición para asumir todos ese costo, el problema de fondo es que justamente se anteponga la valoración del “costo político” al cumplimiento de las tareas como representantes, y no lo menciono por este caso en particular, porque pensándolo bien, el político profesional siempre busca que las medidas simpáticas le traigan beneficios políticos, y que las medidas antipáticas sean tomadas por el otro. El problema también lo tenemos los ciudadanos, que permitimos que los políticos nos seduzcan porque ellos toman las medidas simpáticas, y en realidad debemos juzgarlos porque hagan su trabajo correctamente y que las medidas que toman hoy, sean simpáticas o no, traigan consecuencias positivas en el mediano y largo plazo.
Para finalizar, hay una frase en dicha noticia del Senador Daniel Olesker que expresa que “No llevaría ningún proyecto que aumente la edad de retiro, pero hay que ver de qué manera se inserta eso en el texto”. Dicha frase atenta contra la inteligencia de la población, porque en esencia lo que quiere decir es que, si bien está en contra de aumentar la edad de retiro, en caso de tener que hacerlo, tendría que ser redactada de forma ¿disimulada?. Es necesario que tomen las medidas en el momento que hay que tomarlas, que sean claros, se hagan cargo de sus errores y dejen de pensar en sus objetivos políticos a corto plazo.
