La enciclopedia Wikipedia, da cuenta de que La Junta Departamental de Montevideo es el órgano que ejerce el poder legislativo, además de servir como contralor del Gobierno Municipal del Departamento de Montevideo. Dicha función es practicada de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 273 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.
Sin embargo, cuando los ediles de la oposición aprobaron el viernes 7 de octubre gestionar la realización de un juicio político en contra de la intendente de Montevideo Carolina Cosse, la reacción automática de propios y extraños, planteando que ese accionar habría sido desmedido, no parece haber sido la más razonable.
La medida de gestionar un juicio político habría sido adoptada, por la inasistencia reiterada a las convocatorias formuladas por esos mismos ediles a la líder comunal, para dar explicaciones sobre diversos reclamos y pedidos de informe sin respuesta o con contestaciones poco satisfactorias.
Los primeros en reaccionar fueron autoridades del Frente Amplio. Fernando Pereira su presidente, la Mesa Política Nacional del FA, la Mesa Política Departamental, alcaldes, ediles, gabinete de gobierno y los tres intendentes del partido: Yamandú Orsi (de Canelones), Andrés Lima (de Salto, vía Zoom), y la propia Cosse. Actuando en bloque – como acostumbran a actuar – no demoraron en salir a respaldar públicamente a la intendenta de Montevideo.
Según informara el diario El País, Pereira habló de «la infamia que se ha hecho con la Intendencia de Montevideo y, particularmente, con la intendenta Carolina Cosse», repudiando los «agravios e insultos de los que ha sido parte» y de «el atropello institucional que la Intendencia está sufriendo por parte de un tercio de la bancada de los partidos del gobierno». Concluyó afirmando la actitud de los ediles de la oposición municipal es algo “bochornoso para el Frente Amplio, pero como dijo la intendenta, también para los uruguayos que creen en una forma de convivir aun en la diferencia». Así opina el Frente amplio de la oposición que lo controla en Montevideo cuando esa oposición no les es sumisa.
Desde la Coalición Republicana, las reacciones fueros bastante dispares e incluso sorprendentes.
Según reseñara el periodista Joaquín Silva, desde el Partido Nacional se habló de un hecho de “magnitudes nacionales” que habría requerido de una discusión previa dentro del partido.
El ministro de Defensa, Javier García consideró que tal vez habría que haberse detenido un poco para analizar jurídica y políticamente en mayor profundidad la decisión.
El senador Sergio Botana sin respaldar la decisión de los ediles, manifestó comprender la impotencia de la oposición del legislativo departamental ante la falta de respuestas.
El senador Gustavo Penadés consideró que, si bien el juicio político no va a prosperar, ha quedado de manifiesto la falta de empatía de la intendenta con la Junta Departamental.
Laura Raffo, destacó que el camino seguido por los ediles se debió a un “desgaste acumulado” de la relación con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.
Por su parte el senador Jorge Gandini, respaldó la decisión de los ediles que considera ajustada a derecho. Señaló además que es la reacción natural de una bancada que se siente despreciada por la intendente a la que no le gusta que la controlen.
Desde Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos consideró que hay temas mucho más importantes que tratar y dijo no estar dispuesto a participar de “ningún circo político o mediático”. Su compañero de bancada el senador Guillermo Domenech reiteró lo de “circo mediático” y manifestó creer que “la gente se está cansando de estas cosas”.
Es importante resaltar que el partido que integran Manini Ríos y Domenech, no cuenta con ningún edil que lo represente en la Junta Departamental de Montevideo. Su actitud desde dentro de la Coalición Republicana, sin conocimiento directo de lo que ocurre en la Junta Departamental, puede no haber sido del todo cortés para con quienes desarrollan desde allí su actividad política.
Desde el Partido Colorado tanto el ministro de Ambiente, Adrián Peña como el abogado Andrés Ojeda – suplente de la candidatura a intendenta de Laura Raffo en 2020- consideraron la decisión de los ediles como desacertada.
Observando esta situación, cuesta mucho entender la actitud de algunos integrantes de la Coalición Republicana, y más teniendo en cuenta la inmediata y homogénea actitud del Frente Amplio en respaldo de la intendenta de Montevideo.
En un evidente afán por tomar distancia del accionar de la oposición departamental y hacerlo notar, varios legisladores y representantes partidarios se apuraron a emitir opiniones criticando la decisión de los ediles. Lo más curioso del asunto, es que esas declaraciones personales y aisladas fueron emitidas sin antes haber discutido el tema internamente, tal como varios de ellos consideran que debieron actuar los ediles blancos y colorados antes de promover el juicio político desde la Junta Departamental.
Ser oposición en franca minoría ante un ejecutivo departamental que desde hace más de treinta años hace y deshace a su antojo desde Dieciocho y Ejido, parece merecer mayor atención y sobre todo respeto a la tarea realizada. Tarea que, además, es realizada sin goce de sueldo y muchas veces sacrificando tiempo y actividades en beneficio directo de los partidos a los cuales esos ediles representan.
Tal vez este asunto “sin mayor trascendencia”, según se lo calificó, sirva para señalar que puede haber llegado la hora de que algunos legisladores comiencen a reflexionar sobre el verdadero sentido de hacer política.
De no ser así, la importancia de atender y respetar a las bases y a sus intermediarios, en este caso ediles de Montevideo, volverá a recordarse cuando llegue la hora de salir a buscar los votos de la capital, que les permitan mantenerse ocupando sus sitiales en el Parlamento.
