Mientras en la República Argentina la sigla AnCap se traduce como sinónimo del denominado anarco capitalismo pregonado por el polémico diputado Javier Milei que no deja de crecer en todo el país, en Uruguay ANCAP sigue siendo una vaca sagrada de dudosa consistencia.
La propia discusión interna en la Coalición Multicolor previo a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, dejó al descubierto la existencia de ciertos resabios estatizantes que arrastran sin remedio algunos de sus integrantes.
Es el caso de los artículos referidos a la liberación de importación de combustibles refinados para acabar con el monopolio existente incluidos en el proyecto original, que luego fueran eliminados.
Quienes se opusieron a incluir dicha apertura de criterios, se enfrentaron pocos meses después, junto con todo el país, a la descabellada medida de presión adoptada por integrantes del sindicato de ANCAP de paralizar la refinería de La Teja, poniendo en riesgo el suministro de combustibles y ocasionando un daño que habiendo sido grave pudo resultar catastrófico.
La posibilidad de importación de combustibles refinados habría evitado la medida y en última instancia el riesgo de un desabastecimiento impuesto a capricho y sin medir consecuencias.
Desde este lado del río se percibe como positiva la revulsión que Javier Milei, quien estuvo hace poco de visita en Montevideo, provoca en una Argentina en permanente crisis política desde hace muchos años. No obstante, no consideramos que la anarquía pueda asociarse prudentemente con la palabra capitalismo y mucho menos con la palabra libertad.
Confiamos en la democracia y entendemos que el Estado, concentrado en sus funciones primordiales y retirándose de todas aquellas áreas donde racionalmente no se lo requiera, debe erigirse como contralor y garante de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en base a lo establecido en la Constitución y las leyes.
Dicho esto, consideramos que el Estado desde sus Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, no puede, bajo ningún concepto, ser manipulado por personas o grupos de presión en función de sus propios intereses y a riesgo de poner al resto de los ciudadanos del país como rehenes, víctimas y avalistas de sus ambiciones y desaciertos cuyo costo, en definitiva, pagamos entre todos.
