Las imágenes y videos informando la semana pasada del enfrentamiento entre policías y trabajadores de la pesca frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resultaron, siendo muy cautos en la expresión, patéticas.
Lo ocurrido en plena Ciudad Vieja, constituyó un acontecimiento indeseado y claramente evitable.
Ocupar la calle está mal, pero intervenir para obligar a desocuparla con apenas diez efectivos está peor y no parece algo serio. Huele a montaje escénico.
Mucho peor y también poco serio, es que después de medio año con la flota pesquera varada en el puerto y pescadores que quieren hacerse a la mar porque necesitan trabajar, no haya forma de llegar a un acuerdo.
En información a cargo de Martín Tocar publicada por el diario El País esta semana, el periodista destacaba que: “Mientras los trabajadores denuncian ser «rehenes» de un ´lock out patronal´, las empresas alegan que sin reestructura su sector es ´inviable´; el gobierno propone medidas de alivio a las empresas para ´capear el temporal´ este año, pero falta cerrar un nuevo convenio colectivo.”
Los trabajadores quieren trabajar y afirman que las empresas no salen más a pescar a la espera de que el gobierno les asegurara alivios financieros.
Más de dos mil trabajadores especializados en un rubro tan delicado y con enorme potencial, impedidos de trabajar mientras los empresarios hacen lobby a la espera de beneficios y privilegios. No funciona así el mercado.
Tiene razón Carlos Olivera, representante de CIPU y vocero de las cámaras, cuando afirma que existe “excesivo peso del Estado”, normativas “vetustas” y “prohibitivas” y otras razones del mismo corte, que terminan demostrando que el problema es ese. ¿Pero es solo ese?
Hay algún engranaje que evidentemente falla cuando el equilibrio que debe hallarse para el desarrollo natural de cualquier actividad industrial no existe.
En el Uruguay, el factor distorsionante suele ser el Estado. Es posible que sea ese el engranaje afectado en este caso, porque de él se esperan más que mediación y esfuerzos por lograr acuerdos, tratamientos especiales y beneficios económicos.
Desde el punto de vista empresarial, suele ocurrir que de no existir la posibilidad de ser “ungido” con la bendición gubernamental y poder recibir subsidios, préstamos blandos, condonaciones, refinanciación de deudas y demás privilegios que pagamos entre todos, el negocio no es viable.
Antes de que irrumpiera el neobatllismo en el Uruguay y terminara de imponer la fórmula de gobernar para los amigos y colaboradores, los industriales buscaban fórmulas mucho más modernas y removedoras para solucionar situaciones similares.
Una asociación integrando a los trabajadores a la empresa, tal vez ayudaría a resolver problemas y traería aparejada la calma y la garantía de continuidad, atrayendo inversionistas o financiamiento bancario privado.
Pero tal vez ese modelo de negocio audaz, renovador y transparente resulte inviable en el esquema empresarial que tradicionalmente prospera con mayor facilidad en Uruguay.
A nadie se le ocurre plantearlo y muchos esperan que el Estado bendiga sus emprendimientos, mientras deja hundir en el fango a otros.
Puede que esa profunda distorsión sea la razón por la cual empresarios y trabajadores hayan olvidado lo simple que es “sentarse a negociar”, cuando a todas las partes involucradas les interesa que la empresa funcione y beneficie a todos.
Vislumbrar la realidad del problema, es el primer paso para solucionarlo.
