Más Estado, más burocracia, más multas que aplicar y una tendencia preocupante al autoritarismo.
Esta es la sensación que arroja a simple vista el decreto 57/023 del 17 de febrero de este año, que amplía los alcances del Programa Nacional de Control Reproductivo, a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
En la propuesta original, bajo la consigna de disminuir las poblaciones de perros y gatos, se procedió a la creación de centros de castración y albergues para estas especies. Con relación a la castración de ejemplares, el procedimiento era recomendado pero optativo y así venía funcionando para los dueños de mascotas que resolvieran esterilizarlas. Era una buena idea.
La novedad del nuevo decreto es que vuelve la castración obligatoria para todos los perros y gatos, machos y hembras domésticos del país, basándose en supuestos riesgos de probabilidad de abandono en la vía pública de esos animales, por parte de sus dueños.
Y ante esta novedad y otras incluidas en el nuevo decreto reglamentario, emergen varias preguntas.
La primera que surge de inmediato es: ¿Dónde quedó el concepto de libertad responsable acuñado por el presidente para dejar a los ciudadanos actuar libremente – con ciertas orientaciones brindadas desde el Estado – en lugar de decretar una rigurosa cuarentena durante la pandemia?
¿Cuándo cambió de criterio – o perdió la confianza en esos mismos ciudadanos – para ahora promover una intromisión de este nivel en la intimidad de sus hogares y en la toma de sus propias decisiones en relación con animales de su propiedad?
¿Nadie de entre los creadores de la nueva norma, se detuvo a analizar por un segundo el atropello al que se verán sometidos miles y miles de compatriotas que no están de acuerdo con la castración obligatoria de sus mascotas?
Y el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca de cuya cartera emana este adefesio, a pesar de su vasta experiencia en el sector agropecuario, ¿no imagina cómo va a reaccionar la mayor parte de los productores y habitantes del campo del país en general, ante tan inútil y arbitraria medida? ¿Tendrá clara la idea del papel que juegan los perros en el campo como ayudantes en diversas tareas y como compañeros? ¿Acatarán sin protestar esos ciudadanos la orden gubernamental de mandarlos castrar a sabiendas de que esto ni soluciona ni atenúa los problemas de fondo en relación con este tema?
Frente a la inocultable existencia de perros vagabundos o cimarrones que diezman desde hace tiempo las majadas y la fauna autóctona, constituyéndose en un riesgo mayor para todo tipo de animales domésticos y personas. Ante la ausencia total de soluciones efectivas a ese grave problema, ¿creerá el ministro que este autoritario decreto apuntando a las mascotas domésticas, controladas y protegidas por sus dueños, va a cambiar en algo esa realidad?
A partir de esta disposición de dudosa constitucionalidad, se nos informa “paternalmente” a través de declaraciones a la prensa de algún funcionario, que se crearán “brigadas” de contralor para garantizar su cumplimiento. Es fácil imaginar que dichas “huestes protectoras” terminarán recorriendo los parques, las plazas y las veredas de distintas ciudades, molestando a los pacíficos propietarios de animales domésticos. También es fácil suponer las situaciones de violencia e incidentes que la puesta en práctica de esa arbitrariedad legalizada podría acarrear.
Las soluciones de fondo a los problemas reales, la erradicación de perros y gatos vagabundos y el control estricto de perros de razas consideradas peligrosas que pasean impunemente junto a sus dueños en espacios públicos sin que se ejerza el menor control, ¿continuarán esperando tal vez la creación de algún nuevo instituto que “albergue” más burocracia?
Es muy probable que así sea. Y es que en eso, junto a la búsqueda de fórmulas que estiren el presupuesto y justifiquen el gasto, cada vez hay más experiencia.
Es bueno recordar que esos animales que se pretenden castrar porque son “ubicables”, pertenecen a sus dueños que podrían no estar dispuestos a proceder con la castración que se les impone. Dado que no ha sido declarada una epidemia y no existe ningún problema sanitario específico que lo origine, habría que analizar hasta dónde ese accionar afecta al concepto de propiedad privada y de libre disposición de los bienes contemplado en la Constitución de la República bajo la simplista caracterización como asunto de interés general.
Nadie duda de las consecuencias políticas que derivan de cada acción o reacción emanada del Ejecutivo. Pero estando rodeado de asesores, ¿nadie le hizo notar al presidente que este decreto autoritario y de intervención estatal en el ámbito privado, podría costarle al gobierno una derrota sin atenuantes en las próximas elecciones?
¿Será este el primer paso – o el segundo porque la llamada ley de eutanasia avanza en el Parlamento y nada asegura que el presidente la vaya a vetar – de una deshumanización y un estatismo avasallantes a los que los orientales nos vamos acostumbrando de a poquito?
El famoso decreto 138/022 reglamentó la caza deportiva y la caza nocturna, generando posibles situaciones conflictivas con los propietarios de los campos a utilizar para llevar adelante esas prácticas. Al parecer, su aprobación, habría sido un pedido especial del sector turístico – especialmente afectado por la pandemia – y su redacción sugerida por la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay. De forma análoga, este nuevo decreto parecería estar redactado por tecnócratas, sin consultar ni mucho menos atender la opinión de los propietarios de los animales que deberán castrarse.
El concepto sería algo así como:” Los dueños de mascotas son estúpidos, desde el Estado vamos a guiarlos”.
Frente a la absurda imposición, podría ocurrir que muchos dueños de mascotas poco afectuosos, opten por abandonarlas; agravando así el problema que el decreto pretende resolver.
Por otra parte, y hablando de caninos, la nueva disposición debería poner muy felices por ejemplo a los criadores de diferentes razas, afiliados al Kennel Club Uruguayo, que estarán de parabienes. Una forma mercantilista de hacer política repartiendo ventajas y privilegios a ciertos sectores, que nada tiene que ver con la idea de libertad y responsabilidad que en algún momento pareció ser el rumbo elegido por el gobierno.
Debido a la disposición aprobada, en el futuro no habrá más criadores aficionados; el decreto no lo permite. Nadie monta una empresa y paga impuestos para, a partir de un casal de buen origen, lograr algunas crías para regalar o cubrir gastos. A partir de ahora, para que una familia de medianos o escasos recursos pueda elegir su mascota, deberá hacerlo en el reciclaje y entre la oferta en adopción de ejemplares ya castrados y en su mayoría traumados, que el Estado disponga.
Las familias con mejores ingresos podrán seguir eligiendo raza y adquiriendo cachorros con certificado de origen en criaderos o tiendas especializadas. Esos nuevos propietarios no tendrían necesidad de esterilizar a sus mascotas certificadas. El decreto protege a esos ejemplares privilegiados y a sus dueños y podrán reproducirse a sus anchas.
Gracias al decreto, la libertad de elegir – en este caso mascotas – queda reservada sólo a algunos.
Y eso, social y políticamente, es una muy mala idea y una pésima señal.
