Con la puesta en práctica del término “libertad responsable” acuñado por el presidente de la república al inicio de su mandato, Uruguay acaba de superar con admirable eficacia una pandemia que paralizó al mundo y que en varios países continúa haciendo estragos sanitarios y económicos.
El mundo sigue padeciendo las consecuencias que la falta de insumos y las alteraciones constatadas en la cadena de suministros provocan en el día a día y dificultan el retorno a la normalidad y de eso no es fácil distanciarse. Pero en el aspecto sanitario, la organización y excelente determinación de un plan de vacunaciones ejemplar para derrotar al Covid 19, logró a todas luces su objetivo y ha hecho de nuestro país un ejemplo de orden y civilidad a nivel regional y mundial.
Sorpresivamente, la semana pasada un fallo judicial suspendió la vacunación que se venía desarrollando para menores de 13 años contra el covid-19.
No cabe duda que el fallo debe acatarse y respetarse y son los especialistas en la materia y las instancias superiores que correspondan en caso de que sea apelado, quienes deben opinar sobre lo allí determinado, procediendo a su confirmación o revocación total o parcial.
Como ciudadanos, nos planteamos algunas interrogantes a la luz de lo expresado en el artículo 41 de la Constitución de la República, que comienza así: “El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres”.
El programa de vacunación de menores instrumentado por el Ministerio de Salud Pública, ahora suspendido, se desarrollaba con la que al parecer sería una de las vacunas más comprobadas y efectivas para detener los contagios; y cabe destacar, que no era de carácter obligatorio su aplicación.
Consideramos un derecho inalienable de todo ciudadano, el poder encontrar los mecanismos legales para exigir que se dé a conocer la información de interés público que pudiera afectar de alguna forma su seguridad, de ser esto viable.
No obstante, observamos con asombro la sensación de frustración que afectará a aquellos padres que no ven esa información necesaria porque simplemente confían en las instituciones que aprobaron su compra y distribución, pero se verán impedidos de vacunar a sus hijos en el Uruguay, si así lo hubieran decidido.
También nos imaginamos cómo habría sido la frustración general si con la pandemia en su momento más crítico y recién comenzada la vacunación, una medida similar hubiera suspendido su continuidad.
Un tema para atender, que sin duda va a generar muchos comentarios e intercambio de opiniones en los próximos días y semanas, en vacaciones de julio y plena feria judicial.
