Aquí la parte (I) de este trabajo.
Transcurrido un mes desde el inicio del estallido social que será recordado como el Octubre Chileno, continúan acaeciendo a diario diversas situaciones en el desarrollo de ese proceso en plena evolución, que merecen ser analizadas con detenimiento.
Las manifestaciones pacíficas han continuado sin pausa, así como diversas protestas sindicales y sectoriales. La sociedad chilena exige al parecer por mayoría una nueva Constitución, pero sin abdicar de la sociedad abierta que Chile ha venido construyendo con esfuerzo y acierto desde el fin de la dictadura. Cientos de miles de personas claman por una mayor inclusión social, mejora sustancial de la seguridad, salud y educación y por el control de los abusos que ciertos grupos económicos han venido perpetrando impunemente por décadas.
Todos los reclamos de ese gran movimiento social, a todas luces auténtico y espontáneo, apuntan a que esa eventual reforma constitucional se defina con mayor velocidad y sirva de catalizador para encaminar al país hacia el logro de los fines perseguidos.
Levantado el estado de emergencia inicialmente decretado para el control de los desmanes, los militares volvieron a sus cuarteles y el control del orden público recayó en el cuerpo de Carabineros de Chile y en la Policía de Investigaciones (PDI), que desde hace semanas batallan a diario con vándalos incendiarios y saqueadores en Santiago y en todas las ciudades del país.
Diversos organismos de derechos humanos están en permanente alerta para evitar abusos o excesos por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Cientos de denuncias se acumulan por diversas causas contra los funcionarios.
Nadie desde esos organismos reclama por los derechos humanos de los policías agredidos los cuales, día a día, arriesgan sus vidas para mantener el orden público.
Los encargados de velar por el respeto a los derechos humanos solo se ocupan de hacerlo para evitar abusos por parte del Estado contra los ciudadanos pacíficos, alegando que de eso trata su tarea. Sin desmedro del cumplimiento de sus obligaciones que seguramente se justifica en base a normas y procedimientos establecidos, su actitud de permanente oposición a cualquier actuación policial, no deja de parecer tendenciosa y provocadora.
Mientras eso ocurre, la acción de los violentos que a diario se reúnen para incitar al rencor y enfrentar a los carabineros, es cada vez más preocupante. Coordinados a través de las redes sociales y actuando en forma notoriamente dirigida y organizada, apedrean, incendian y saquean, tirando abajo a su paso cámaras de seguridad, semáforos, señalética y todo lo que encuentran en el camino. Los mismos vándalos agreden día a día a la autoridad impulsados por un odio irracional. Su actitud se parece más a un intento por destruirlo todo, que a la búsqueda de una mejora económica y social por la que lucha la manifestación pacífica.
Como vulgares seguidores de esa violencia imperdonable, se ha puesto de moda que piquetes de manifestantes en cualquier barrio o avenida, detengan a los automovilistas a modo de peaje. La condición para permitir que continúen su viaje sin contratiempos, es obligarlos a descender del vehículo y bailar hasta que los manifestantes lo consideren suficiente. Por lo perverso y denigrante de ese accionar, esto también podría ser parte de un mismo plan de desestabilización democrática puesto en práctica.
La violencia se extiende y evidentemente no lo hace por simple contagio. Parece ser algo deliberadamente programado y organizado en su avance.
Quienes manifiestan pacíficamente al lado de los violentos, terminan mimetizándose con ellos. Unos se limitan a observar mientras otros siguen los cánticos y bailes con consignas anti-gobierno, saltando al lado de los vándalos. Algunos se dedican a filmar videos de los enfrentamientos y de los edificios saqueados e incendiados, incluidas iglesias y edificios emblemáticos. Los videos logrados, cual trofeos, son subidos de inmediato a las redes sociales, sin lugar para el asombro o el juicio condenatorio, alimentando el caos.
La actitud de estos a su manera “influencers”, los convierte de hecho en cómplices pasivos de los violentos.
La violencia se va convirtiendo en la noticia de cada día y pasa a ser aceptada como algo “natural”, como algo que “debe ser” y que hasta es esperable que ocurra.
En un hecho sin precedentes en la historia del país, congresistas de diversos partidos políticos y de un amplio espectro de izquierda a derecha, luego de días de negociaciones, firmaron el viernes 15 de noviembre a las 2 am un acuerdo para convocar a un plebiscito constitucional en abril de 2020, estableciendo un primer paso, dentro del sistema democrático existente, para una posible nueva Constitución. Los reclamos ciudadanos comienzan a ser escuchados y atendidos.
Como era de esperar, anarquistas sumados a comunistas y a otras agrupaciones de extrema izquierda, no demoraron en manifestar su rechazo al acuerdo alcanzado por los congresistas a quienes no consideran representantes del pueblo, pese a haber sido recientemente electos. Con total impunidad, arengan a los manifestantes sin exclusión expresa de los violentos, a seguir manifestándose como muestra de su rechazo al sistema. Exigen la renuncia de Sebastián Piñera a la presidencia y la convocatoria a una asamblea constituyente integrada por ciudadanos elegidos al azar con la evidente intención de manipular su accionar, para redactar la nueva Constitución.
Una vez más, una minoría de izquierda sin relevancia alguna ni más representación que los escasos votos por ellos alcanzados en las urnas hace menos de dos años, pretende liderar una revolución que no solo no le pertenece, sino que tal vez habría sido mucho más efectiva y constructiva sin su intervención y sin sus permanentes llamados a irrespetar las instituciones, a pedir la renuncia del presidente electo y a respaldar, de hecho, la violencia desatada.
Una enorme pancarta desplegada hace algunos días en Plaza Italia, centro geográfico de las manifestaciones, anunciaba el fin del liberalismo que estaría siendo sepultado en Chile.
Mientras tanto, muchos alcaldes de distintos partidos y diferentes comunas a lo largo de todo el país, dan muestras a diario de una capacidad de organización y búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la crisis, que demuestran claramente el potencial existente en la sociedad civil organizada.
Chile es un país liberal. El amor por la libertad está en el ADN de los chilenos desde su origen mapuche. Por otra parte, el desarrollo económico alcanzado desde el final de la dictadura hasta el presente, es una realidad innegable que no tiene marcha atrás. Existe una disposición individual y colectiva a mejorar por el esfuerzo y a salir adelante, que no van a detener con la inútil destrucción de edificios y monumentos.
Los reclamos llaman a corregir los desvíos mercantilistas de algunos grupos económicos que le vendieron a la gente y al mundo la imagen de un país abierto, mientras en buena parte lo convertían en su coto empresarial de caza.
Siendo Chile un país liberal, esa manipulación del sistema no iba a poder durar mucho tiempo. El derecho de rebelión de los pueblos está fundado en John Locke y plasmado en su Segundo Tratado Sobre Derecho Civil, piedra fundamental del liberalismo. Eso es lo que parece haber estallado hoy en Chile, en pleno uso de la libertad.
El reclamo, pese a lo que pregona la extrema izquierda, no es contra el presidente de la República en ejercicio, sino contra el direccionamiento de un sistema que se ha ido pervirtiendo con el paso del tiempo y ha ido olvidando sus verdaderos objetivos.
En cuanto a los comunistas, castro-chavistas y otros asociados de extrema izquierda, los hechos los están llevando a quedar en evidencia y a demostrar con su actuación que la democracia es para ellos un sistema despreciable. Les da lo mismo instigar a la violencia y al quiebre de las instituciones, si eso sirve a sus fines y puede ser utilizado para alcanzar el poder. Su único objetivo parece ser el de lograr que una nomenklatura de funcionarios acomodados en la que esperan ser incluidos, pueda manipular, dominar y finalmente esclavizar al resto de la sociedad, en nombre de la “justicia social”.
Son tiempos difíciles cuya definición está todavía en proceso. El prioritario restablecimiento del orden público todavía aún no se logra de manera concluyente, lo que podría requerir una nueva salida de los militares a las calles con los riesgos, incertidumbre y alteraciones que esa situación provocaría a toda la sociedad.
No obstante, y a la vista de los hechos y su evolución, lejos del entierro del liberalismo, el mundo podría estar asistiendo hoy en Chile, a su verdadero y definitivo establecimiento en Latinoamérica.
Que todo sea para bien.
(Publicado originalmente en Voces de Libertad, Independent Institute, el 20 de noviembre de 2019)
