Estimado lector, si usted piensa que en este artículo vamos a emitir una opinión favorable o no sobre la Ley de Urgente Consideración, lamento decepcionarlo pero no será así, sino que abordaremos dos aspectos que si se encuentran en la referida ley pero desde una perspectiva no política.
Desde mediados del mes de enero del año 2022 comenzó a llevarse en la practica la portabilidad numérica en los servicios de telefonía móvil, esto significa que el usuario de dicho servicio tendrá la opción de cambiar entre las compañías que conforman la oferta actualmente, sin perder su número de teléfono. Desde antes que comenzara a ponerse en marcha esta práctica, varios sectores políticos y sociales se manifestaron en contra con el argumento de que beneficia a las empresas privadas y perjudica a la empresa estatal. El argumento se basa en el concepto de que las empresas privadas podrían vender a precios tan bajos que perjudicaría a Antel a tal punto que no podría competir en ese mercado y se podría generar un monopolio de privados.
Al cabo de tres semanas se dio a conocer la noticia que Antel fue la única empresa con saldo positivo de movimientos de clientes en detrimento de las restantes, y a los pocos días la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, manifestó su desinterés por el tema de la portabilidad numérica, derivando la discusión hacia otro lado.
Lo verdaderamente importante en este tema en particular, es que la ley le da el poder al actor mas importante que es el consumidor. Si se considera que una empresa estatal se verá perjudicada cuando se le da la libertad de elegir al consumidor, es porque hay algún aspecto que no está funcionando bien, sea que el producto o servicio que brinda no es de la calidad o el precio que el consumidor está dispuesto a pagar, sea que tiene dificultades en su gestión organizacional, estructura de costos, tecnología o foco en el cliente. Lo interesante que surge cuando el poder lo tiene el consumidor, es que éste va a premiar al que le brinda mejores productos y servicios al mejor precio, y va a castigar al que no lo brinda.
Pero lamento decirle estimado lector, que no todo es color de rosa, y hay mercados donde el poder de decisión no lo tenemos los consumidores y lo vemos todos los días.
Originalmente en la LUC se establecía la desmonopolización de ANCAP pero la coalición de gobierno no se puso de acuerdo y por iniciativa del Partido Colorado se terminó votando en el Parlamento que los precios del combustible serán fijados por el Poder Ejecutivo previo informe de la URSEA y ANCAP y será el primero, quien calcule un precio teórico como si se tratase de un mercado en competencia. Esto para que se entienda fácil se traduce de la siguiente manera: una empresa que tiene un monopolio hace un cálculo determinando cual sería el precio si no fuera monopólico. Es tan delirante, que debemos ser un caso único donde al nivel parlamentario se alzan las banderas y pretenden convencernos de un monopolio con precios supuestamente de libre competencia. Razonemos juntos, ¿usted se imagina un mercado monopólico con precios de libre competencia? Estaríamos frente a dos opciones, o bien nos encontramos frente a un mercado con el precio regulado, (aunque suponga una contradicción entre un precio controlado y un precio de libre competencia), o bien estaríamos refutando la ley de la oferta y la demanda que resultaría ser un hito histórico mundial.
Y estoy seguro que estará dedujendo lo mismo, que en realidad si el sector político considera que nos brinda un precio de libre competencia en un mercado monopolico, es porque están convencidos que la libre competencia si genera mejores precios, pero no están dispuestos a abandonar las estructuras monopólicas que utilizaron por décadas para hacer clientelismo político y obtener financiación.
Ahora bien, y antes de que usted me lo diga, efectivamente cada vez tenemos precios más caros del combustible, pero entendamos que tampoco podemos pretender que el supuesto precio de libre competencia fuera real, si no existe como tal.
Lamentablemente en el mercado de los combustibles, los consumidores no tenemos poder de decisión, no tenemos la opción de elegir entre cual producto consumir y somos clientes cautivos de una empresa que por naturaleza nos ofrece bienes y servicios de menor calidad y a mayor precio.
